NOTAS DESDE COSTA RICA

ALCA: La economía norteamericana se toma el continente

 

  

Hello, Oscar dile a tu país que vote por el TLC, nosotros prometemos llevar prosperidad, salud, empleo, educación y felicidad a tu país, contribuyendo en que sean dependientes de nuestra multinacionales...................... perdón quise decir.... convirtiendolos en un pais democratico e independiente.

 

 

              He decidido mi Voto por el NOOOOO

 

Oscar Sanchez Arias dirigió sus políticas de gobierno sobre una línea neoliberal, mediante medidas como la privatización o la apertura comercial.

 

Un ejemplo de esto es el caso Millicom, en el cual Oscar Arias Sánchez en la administración 1986– 1990, firmó el 4 de diciembre de 1987, el decreto N° 268 en el cual le concesionó, a la empresa COMCEL subsidiaria de Millicom en Costa Rica, la telefonía celular, cuando tradicionalmente, las telecomunicaciones habían sido un monopolio estatal en Costa Rica. Este hecho fue declarado, años más tarde, inconstitucional por la Sala IV.

 

Por otro lado, otro ejemplo de privatizar es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), acaecido durante la administración 1986–1990, con la creación de la Empresa Costarricense de Telecomunicaciones (ECOTEL), proyecto que consistió en la venta de acciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Este último en la nueva empresa ECOTEL tendría el 40% de las acciones y se le dejaría al sector privado el resto. Este proyecto fue aprobado por la junta directiva del ICE de la administración 1986-1990, pero tuvo que ser archivado ante la resistencia de sectores de la sociedad costarricense.

 

Fue también en la primera administración de Arias, cuando se aprobó la Ley 7200, que autoriza la generación eléctrica privada. Esta ley ha promovido que empresas privadas compitan con el Estado en la generación de energía, generando una baja en los ingresos estatales, con tarifas calificadas como ilegales por la Contraloría General de la República en su informe N° 90-2000 de abril del año 2000. En 2003 se firmó, al amparo de la Ley 7200, entre el ICE y el Ingenio Taboga, propiedad de Oscar Arias.

 

En Costa Rica el ascenso vertiginoso de la corrupción coincide en el tiempo con dos hechos fundamentales: el inicio a principios de los ochenta del ajuste neoliberal permanente, y con la consagración institucional del bipartidismo. Si el neoliberalismo introdujo las políticas de privatización, desregulación, flexibilización, liberalización, precarización, con sus efectos de creciente desigualdad social y apropiación privada del bien común; el pacto bipartidista condujo al secuestro de la democracia y al reparto mafioso del interés público como piñata permanente.

 

Eso es una verdad como un templo.

Para comprender cómo se desarrollaron los acontecimientos, es necesario romper con las explicaciones que reducen todo a la actualidad, que pretenden hacer todo olvidable, todo carente de significado. Este ejercicio de memoria es necesario para entender que hoy la corrupción no es un accidente del sistema, es el sistema. Las cúpulas del PLN y del PUSC, así como de la comunidad empresarial que se favoreció de las políticas neoliberales, montaron una estructura mafiosa, una máquina que en un polo de la sociedad acumuló riquezas, mientras creó pobreza y exclusión en el polo mayoritario. No podemos olvidar ni ignorar, porque recordar es ahora fundamental para construir una alternativa. Cuando el equilibrio memoria-olvido se rompe, y se recuerda lo que no se debe y se olvida lo que es fundamental recordar, se puede naufragar y precipitarse en nuevos abismos de miseria moral y material. El falseamiento y ocultamiento del pasado, sirve a los sepultureros de la memoria, que son siempre fuerzas reaccionarias. Las fuerzas de la alternativa, decía Walter Benjamín, tienen que "encender en el pasado la chispa de la esperanza presente".

 

El ALCA constituye un nuevo peldaño de la ofensiva económica de Estados Unidos por recolonizar Latinoamérica. Al ser parte integral de la política globalizadora, de aprobarse, quedarían abiertas todas las compuertas para el saqueo estadounidense y la desaparición de cualquier vestigio de desarrollo autónomo industrial y agrario. Por ello, en todo el hemisferio se alzan en su contra las voces de quienes perseveran en su convicción y compromiso nacionalistas.

 

El precedente más claro de este acuerdo es el NAFTA o TLC, el acuerdo de libre comercio suscrito por EE.UU., Canadá y México en 1994. Desde su puesta en vigor, como consecuencia de las importaciones provenientes de los EE.UU. y de la devaluación del peso, un millón de mexicanos más pasaron a ganar por debajo del salario mínimo y ocho millones de familias han pasado a engrosar las bolsas de pobreza. Se calcula, según las cifras manejadas por la asociación ATTAC, que 28.000 pymes [pequeñas y medianas empresas] tuvieron que cerrar en México tras la irrupción del NAFTA. En las zonas de maquiladoras (empresas de ensamble industrial, en su mayoría textil) a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, el incremento de la polución y los desechos químicos como resultados de los términos comerciales del NAFTA, han incrementado dramáticamente las tasas de hepatitis y otras malformaciones congénitas. Recordemos que tan sólo 10 meses después de la firma del tratado el 1 de enero de 1994, se produjo la terrible crisis mexicana, denominada "efecto tequila" que provocó la caída estrepitosa de los salarios. A pesar de la recuperación en 1999, estos salarios seguían siendo un 20% menores que antes de la crisis y la firma del tratado. Pero tampoco el acuerdo trajo ningún beneficio a los trabajadores norteamericanos. A ese lado de la frontera se perdieron medio millón de empleos debido a la fuga de empresas hacia México, donde los salarios son notablemente más bajos y la legislación laboral más endeble.

 

El ALCA supone ampliar el modelo del Tratado de Libre Comercio de Canadá, EE.UU. y México a todo el continente, ignorando la situación de desigualdades desde las que se parte y sin la creación de ninguna medida de redistribución regional de la riqueza, al estilo de los fondos de cohesión creados en la Unión Europea. Los delegados de la Segunda Cumbre de los Pueblos de las Américas han recordado que de los 800 millones de personas que integran la población afectada por el ALCA, quinientos viven en América Latina y la mitad de ellas se encuentra en situación de pobreza. Frente a ello, el ochenta por ciento del peso económico del continente lo tienen Estados Unidos y Canadá, quienes poseen el capital, la tecnología y las patentes. Sólo el PIB de EE.UU. representa el 71% de todo el hemisferio. América Latina no sólo no posee infraestructura ni tecnología, sino que cuenta con una deuda externa de 792.000 millones de dólares. Si exceptuamos a Brasil, todos los demás países de América Latina suman sólo el 12,30% del PIB del continente. El futuro tampoco parece muy halagüeño. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) expresa en su proyecto Panorama Social 1999-2000 su temor: "todo parece indicar que en estos países la tendencia a la reducción de la pobreza observada en los años noventa se verá interrumpida y en aquellos en los que la recesión fue muy intensa se puede prever que se producirán aumentos en los porcentajes de hogares en situación de pobreza". Ni tan siquiera las cifras macroeconómicas son favorables: de 1997 a 1999 la tasa de variación del Producto Interior Bruto (PIB) por habitante pasó del 3,7 al -1,06 por ciento. Cada una de las pequeñas o grandes crisis sufridas por los países de América Latina ha empeorado un poco las condiciones de vida de sus habitantes.

 

Las razones contra el ALCA

 

¿Pero qué elementos contiene el ALCA que genera esa preocupación en los pueblos latinoamericanos? ¿Cuáles son esos contenidos que tanto les angustian?

 

La creación del ALCA, al igual que el fallido Acuerdo Multinacional de Inversiones (AMI) que chocó con la oposición de la opinión mundial, y la Ronda del Milenio de la Organización Mundial del Comercio, boicoteada por miles de activistas en Seattle en noviembre de 1999, forman parte de una agenda global de liberación del comercio que ha tenido, en donde se ha aplicado, a las grandes corporaciones transnacionales como grandes ganadores, a expensas de la gran mayoría de la población, el medio ambiente y la equidad social. Algunos puntos del ALCA están calcados del AMI; por ejemplo el que declara que los inversionistas podrían exigir compensaciones y demandar a los Estados en caso de guerra, de revolución o de conflicto social, lo que según los expertos supondría que una empresa podría demandar a un gobierno y reclamar compensaciones en caso de una huelga en su contra. Los Estados tendrían, por tanto, como función primordial no velar por unas adecuadas condiciones de vida de los ciudadanos, sino por las mejores condiciones para el desarrollo y enriquecimiento de las corporaciones, compensándolas si no lo consiguiera.

 

El objetivo de asegurar la más absoluta libertad al capital para moverse a nivel continental significará, como lo señala la experiencia más reciente, una tendencia a la baja de los salarios y las condiciones laborales. El ejemplo más elocuente de lo que les augura el ALCA es la terrible situación que sufren las trabajadoras de las maquilas en México: sueldos por debajo del salario mínimo, jornadas laborales de más de 12 horas, ausencia de amparo legal, limitación de los derechos sindicales, condiciones insalubres de trabajo, trabajo infantil. Por otro lado, los efectos de la libre importación de mercancías amenazan con condenar al sector industrial local a una completa desaparición, profundizando así los altos índices de desempleo que ya castigan a estos países.

 

Los gobiernos no podrán impulsar estrategias de desarrollo y seguirán compitiendo por bajar más los salarios, degradar las condiciones de trabajo o los estándares ambientales, con la esperanza de atraer las deseadas inversiones. El proyecto del ALCA se extiende además a los servicios, comprometiendo a los Estados a velar por el derecho de las empresas a prestarlos. Esto abre la posibilidad de privatización en áreas socialmente delicadas donde aún no ha tenido lugar, en sectores como la educación, la salud o el servicio penitenciario, tal y como ya ha sucedido en EE.UU. También se excluye expresamente revertir las privatizaciones ya realizadas. El principio general es transformar los servicios sociales en mercancías, cuyo acceso quede regulado por la capacidad individual de pago. Por otra parte, permitirá que las empresas, como ya ha ocurrido en Canadá y México, exijan las mismas exenciones y privilegios con que cuentan los organismos públicos que los prestan.

 

El ALCA impondrá la eliminación de las barreras arancelarias y la prohibición de cualquier política estatal destinada a favorecer el uso de bienes nacionales o privilegiar cualquier forma de desarrollo local o sectorial.

 

También impondrá la obligación de abrir las compras o contrataciones del Estado a todas las empresas del continente. Todo ello amenaza con condenar a la desaparición a las ya golpeadas medianas y pequeñas empresas, así como profundizar la desindustrialización de las economías nacionales.

 

Además, los términos del ALCA están redactados a medida de EE.UU. Veamos algunos ejemplos. Dado que la agricultura sería el principal sector norteamericano en desventaja en una economía regional sin barreras, la existencia de subsidios a este sector será una excepción gracias a la cual EE.UU. podrá mantener artificialmente mediante sus subsidios de 80.000 millones de dólares anuales la competitividad de su agricultura y evitar las importaciones de los países latinoamericanos.

 

 

Si bien la supresión de los límites comerciales contemplada en el ALCA arrasa con cualquier medida o legislación laboral o medioambiental, existe un derecho que sí se respeta en el ALCA: el de la propiedad intelectual. Detrás de este aparentemente loable respeto no hay otra cosa que el objetivo estadounidense de mantener la patente y la exclusividad en la producción de medicamentos, adueñarse de las patentes de los recursos fitogenéticos del continente y mantener su monopolio sobre las tecnologías de punta. Iniciativas como la de Brasil de producción de medicamentos genéricos contra el SIDA más baratos y con mayor posibilidad de acceso para los sectores más empobrecidos, supondrían un incumplimiento del ALCA y le obligarían a indemnizar a las multinacionales propietarias de patentes. El derecho de propiedad intelectual y patentes también supondrá todo un negocio para las multinacionales de la biotecnología, quienes verán aprobados sus productos transgénicos y garantizarán su monopolio en la producción y distribución de semillas, fertilizantes e insecticidas. Los productos transgénicos no producen su propia semilla, los campesinos deben adquirirla para cada cosecha a la multinacional productora o propietaria de la patente.

 

Los Estados se obligan a poner los recursos naturales (en especial el petróleo, el agua, biodiversidad) a disposición del "accionista mayoritario". Puesto que en una economía neoliberal el Estado se verá obligado a la privatización de cualquier recurso natural que todavía tenga en sus manos, el accionista mayoritario siempre será una multinacional, y ésta, según el acuerdo de libre comercio vinculante a los países del continente, sólo podrá ser Norteamérica.

 

Como dice Guillermo Almeyra en el diario mexicano La Jornada : "En este contrato desigual América Latina pone la riqueza y, mediante la exacción constante y creciente de enormes sumas por concepto de pago de la deuda (de tributo al capital financiero), da el dinero a Estados Unidos para que explote las riquezas ajenas y se apropie de ellas en nombre del desarrollo compartido. Los ferrocarriles, canales, caminos son las venas de un sistema. Por ellos no sólo circulan las mercancías, sino también las personas, las ideas".

 

 

 

Lo que está detrás del ALCA, según ha denunciado el economista uruguayo Daniel Olesker, es «reducir las posibilidades de los países del Sur de comprar a quien le ofrezca mejores precios, marginando en los negocios a la Unión Europea y a la totalidad de los países del Asia, cuyas producciones serán aceptadas sólo si sortean fuertes aranceles, pero que los harían igualmente no competitivos por los fabricados por las empresas inversoras norteamericanas. Por supuesto que también con el ALCA en marcha se liquidarán las alianzas que se están intentando desde Europa con diversas áreas económicas que se están desarrollando en Latinoamérica.

 

 

Y quieren privarnos de la salud

 

El derecho a la salud y el derecho sobre los conocimientos ancestrales, son dos derechos que el Tratado de Libre Comercio TLC se prepara a violar.

 

 

El primero, hace referencia a las patentes sobre medicamentos que, mientras están vigentes, bloquean la posibilidad de preparar los respectivos genéricos. Y las multinacionales dueñas de las patentes tienen trucos para que la propiedad intelectual se prolongue por más allá del período de vigencia de la propiedad sobre un descubrimiento, que es de 20 años según principios internacionalmente reconocidos.

 

El segundo hace referencia a que los pueblos de nuestros países perderán el derecho al libre tránsito de conocimientos y prácticas ancestrales vinculadas al uso de la biodiversidad, si "alguien", con cientos de miles de dólares los investiga y declara su propiedad intelectual sobre ellos.

 

En este caso, está de por medio toda la biodiversidad que comienza a ser manipulada por empresas extranjeras, aprovechándose de las limitaciones financieras del país para emprender un costoso proyecto de biotecnología. Basta con saber que el comercio anual de medicamentos basados en plantas y sabiduría comunitaria alcanzó en 1997 la cifra de 43 mil millones de dólares, y 13 mil millones el tráfico de semillas.

 

En la misma línea están los comentarios de Noam Chomsky: "No se trata de un área de libre comercio. Los que se hallan enfrascados en su diseño no están a favor del libre comercio. Si lo estuvieran, todo se podría recoger en un documento de una sola página. Sin embargo, de lo que se trata es de una serie de documentos muy detallados que son una combinación de liberación con proteccionismo, que de hecho en su mayor parte no se refiere a nada que pueda considerarse comercio. Más bien digamos que se busca introducir cosas como precios monopolísticos de los productos, de los propios medicamentos. Por ejemplo, las nuevas propuestas están dirigidas a permitir a estas tiranías privadas -las corporaciones- el control sobre los servicios, la salud, la educación, el agua, los asuntos relacionados con el medio ambiente. Eso nada tiene que ver con el comercio y sí mucho que ver con las transferencias de poder de manos del Estado, del pueblo en tanto pueda estar representado por el Estado, a manos privadas. Esto no tiene nada que ver con el comercio y estamos hablando de aspectos centrales del llamado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas".

 

 

 

El futuro de América Latina bajo el ALCA lo dibujó Fidel Castro en su discurso del 1o. de mayo: "Las naciones latinoamericanas estarían llamadas a convertirse en enormes zonas francas que no pagan impuestos, o sólo muy reducidos. Tal vez reciban un número mayor de turistas norteamericanos que viajarán por el inmenso territorio de Centro y Sudamérica, que se alojarán en hoteles norteamericanos, viajarán en líneas aéreas o en cruceros norteamericanos, utilizarán servicios de comunicación norteamericanos, comerán en restaurantes norteamericanos, comprarán en tiendas norteamericanas mercancías producidas por empresas norteamericanas con petróleo y materias primas latinoamericanas".

 

Frente al ALCA ya con motivo de la Segunda Cumbre de las Américas en Santiago de Chile en 1998, se realizó la cumbre de los Pueblos de las Américas. En esta cumbre convergieron diversas organizaciones y movimientos sociales de todo el hemisferio, para expresar su rechazo colectivo a la agenda neoliberal dominante en el proceso del ALCA. La Cumbre de los Pueblos se centró en la construcción de una Alianza Social Continental en torno a alternativas concretas y factibles al modelo neoliberal de integración económica al servicio de las grandes corporaciones transnacionales. Ante el ALCA, la Alianza Social Continental pretende construir una alternativa con base en las propuestas y la fuerza colectiva que emanan de las organizaciones sociales de toda América.

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LA INTEGRACION PARTICIPATIVA DE LAS COMUNIDADES A TRAVES DE LAS IMAGENES Y SONIDOS