Chile: Cuando la muerte tiene la palabra
Claudia Korol
ALAI AMLATINA, 08/01/2008, Buenos Aires.- Dicen quienes saben leer los
signos de la tierra, que la erupción del volcán Llaima -que hace pocos
días conmovió a Chile-, debe ser entendida como un grito que llega desde
bien abajo de la tierra, para desgarrar las capas de perversidad de
quienes persisten en el genocidio mapuche y las capas de indiferencia de
quienes miran hacia otro lado como diciendo "yo no fui, yo no sé".
Dicen los "pingüinos", aquellos muchachos y muchachas que meses atrás se
tomaron los liceos y colegios de Chile, que el asesinato del joven
mapuche, Matías Catrileo, como antes el de Zenón Díaz Necul y el de Alex
Lemun, denuncian la marca racista de la represión que ha vuelto delito
ser joven, pobre, indígena, rebelde.
Matías Catrileo, de 22 años, estudiante de agronomía de la Universidad
de La Frontera de Temuco, fue asesinado con una bala disparada por la
espalda, por un carabinero. Estaba participando junto a otros comuneros
mapuche de una toma de terrenos en el Fundo Santa Margarita de Vilcún,
perteneciente al latifundista Jorge Luchsinger. La acción tenía como
objetivo avanzar en la recuperación de sus tierras ancestrales.
Alex Lemun, de 17 años, fue asesinado en el 2002 en Ercilla, también por
la bala de un carabinero, cuando participaba de una ocupación del Fundo
Santa Elisa de la Forestal Mininco. Su asesino fue sobreseído en el 2004
por una Corte Marcial, y hoy está reintegrado en la fuerza policial. El
fiscal militar de ese caso, José Pinto Aparicio, es quien realizará
ahora la investigación del asesinato de Matías Catrileo. Dice la
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile -que conoce
los rostros de la impunidad-, que es necesario que el caso sea
investigado por la justicia ordinaria, y no por la justicia militar, y
que hace falta que se asuma la responsabilidad política por parte del
Gobierno.
Dicen las mujeres mapuche, que ¡ya basta! de que asesinen a sus hijos.
En el funeral de Matías, Mónica Quezada, madre de Matías, expresó:
"tenemos la convicción de que el disparo criminal proviene desde el arma
de carabineros. No podemos hacer más que calificar dicha acción como un
acto ruin y cobarde. Ruin porque se hizo un uso desproporcionado de la
fuerza contra un grupo de jóvenes mapuche, armados apenas con la fuerza
de sus ideales. Nosotros y muchísimos más sabemos cómo se denomina a
aquellos que atacan por la espalda. No queremos más impunidad, no
queremos más hijos muertos por una causa cuya legitimidad ha sido
reconocida".
Un volcán grita, en una tierra en la que muchos callan demasiado. Miles
de jóvenes gritan, cuando los adultos reproducen silencios heredados.
Lanzan piedras, lanzan lava. Un pueblo defiende la tierra. "Mapuche"
significa gente de la tierra. Un pueblo defiende su identidad. Un pueblo
se pone de pie frente a las grandes trasnacionales forestales, de la
celulosa, de la electricidad, de la pesca, de la minería. Frente al
modelo político, económico, cultural, que destruye a la "Mapu" y a su
gente... a sus che.
Dice ese pueblo que no tiene ya nada que perder, más que su propia vida.
Dice el silencio oficial, que la vida del pueblo mapuche no vale lo que
vale su territorio para los dueños del poder. Dicen los poderosos, que
la propiedad privada, es un valor más alto que la vida.
Dicen aquellas feministas que no quieren ser una cuota del poder de
destrucción capitalista, patriarcal, racista, que la lenta agonía de
Patricia Troncoso, presa política mapuche en huelga de hambre, es otra
de las maneras que asumen el "femicidio" y el "etnocidio".
¿Quién es la mujer que habla desde su cuerpo que se apaga?
Patricia Troncoso, presa política mapuche, está realizando una huelga de
hambre líquida desde el 12 de Octubre del 2007. Patricia estudió
Teología en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad
Católica de Valparaíso. En la búsqueda de sus propias raíces, fue
aproximándose de manera solidaria a las comunidades mapuche, y se hizo
parte de la resistencia histórica de este pueblo.
El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, informó sobre las
causas de su detención, producida el 12 de septiembre del año 2002.
Patricia fue acusada de ser autora de los delitos de amenazas e
incendios terroristas. Se imputó a ella -y a otros acusados-
responsabilidad en los siguientes hechos: 1) incendio terrorista en
propiedad de Juan Agustín Figueroa Elgueta; 2) amenazas de incendio
terrorista contra los dueños y administradores del Fundo Nancahue; 3)
incendio terrorista en perjuicio del predio forestal San Gregorio de
propiedad de Juan Julio Sagredo Marín; y 4) amenazas de incendio
terrorista contra los dueños y administradores del Predio San Gregorio.
En diciembre de ese mismo año, se le inició un nuevo proceso acusada de
ser partícipe de la Organización Mapuche "Coordinadora de Comunidades En
Conflicto Arauco Malleco", organización del pueblo mapuche a la que se
estigmatiza como "Asociación Ilícita Terrorista". El 28 de enero de
2003, se formalizó otra causa en su contra, por delitos de incendio
terrorista, robos con violencia, lesiones, usurpación en el grado de
tentativa y otros, siendo querellantes la Empresa Forestal Mininco S.A.
y la gobernación provincial de Malleco.
En la primera causa, la sentencia definitiva absolvió a los imputados de
todos los cargos. Sin embargo las partes querellantes en este caso
(gobierno y particulares) presentaron un recurso de nulidad ante la
Corte Suprema, que el 2 de julio de 2003 anuló la sentencia absolutoria,
ordenando la realización de un nuevo juicio, realizado a partir del 9 de
septiembre de 2003. En él fue absuelta nuevamente de todos los cargos
que se le formulaban, mientras que los lonkos mapuche fueron condenados
a la pena de 5 años y 1 día de presidio por el delito de amenazas de
incendio terrorista, contemplado en el artículo de la Ley N° 18.314.
Finalmente Patricia fue condenada a 10 años y un día de prisión, acusada
de incendio terrorista al predio Poluco Pidenco, y se la condenó a pagar
en indemnización a la Empresa Forestal Mininco S.A. la suma de 425
millones de pesos, junto a los cinco condenados por esta causa. El caso
Poluco Pidenco fue un incendio ocurrido en diciembre de 2001, en el que
no hubo víctimas fatales, en el cual sus presuntos autores fueron
juzgados con "testigos sin rostros" aplicándosele la Ley Antiterrorista
creada durante la dictadura militar. Esta situación ha sido condenada ya
en dos oportunidades por los organismos de derechos humanos de las
Naciones Unidas, que han pedido la derogación de la Ley Antiterrorista y
la revisión de los procesos realizados bajo esa norma.
Patricia Troncoso ya ha cumplido la mitad del tiempo en prisión. Sin
embargo no se le han concedido los beneficios carcelarios a los que
tiene derecho, entre los cuales está la salida dominical y/o la salida
diaria. Es otra forma de tortura, en el Chile gobernado por la
"socialista" Michelle Bachelet.
Durante los meses de octubre y noviembre del 2004, en forma paralela al
cumplimiento de su condena, Patricia Troncoso debió afrontar un cuarto
juicio por el delito de Asociación Ilícita Terrorista. Tras 17 jornadas
de audiencias en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, fue declarada
inocente por tercera vez de su participación en delitos de carácter
terrorista.
Pero Patricia Troncoso, no es la única víctima del Estado chileno. En
las cárceles de Angol, Victoria, Lebu, Concepción, Temuco y Traiguén, se
encuentran más de 20 presos políticos mapuche, la mayoría juzgados bajo
la legislación antiterrorista de tiempos de Pinochet.
Víctor Toledo Llancaqueo(1), afirma en la revista OSAL 22: "Frente al
conflicto con los indígenas; y siguiendo las pautas de una intensa
campaña de criminalizacion de la protesta social mapuche; el Estado
chileno emprendió una sistemática huida hacia el derecho penal. El caso
mapuche es ilustrativo de la criminalización de la protesta social, como
un proceso político, mediático y jurídico, que etiquetando a los actos
de protesta como delitos, busca sacar a un conflicto social de la arena
política, para llevarla al campo penal. El objetivo de los impulsores de
la criminalización, es poner en marcha al poder punitivo del Estado,
para neutralizar, disciplinar o aniquilar la protesta. Los medios de
comunicación y sectores de derecha, fueron actores clave del proceso de
criminalización de la protesta mapuche. Ante la emergencia de la
movilización indígena, promovieron activamente su deslegitimación,
penalización y que se la enmarque como un asunto de seguridad. Por su
parte las empresas forestales, resintieron el conflicto con las
comunidades mapuche en su imagen corporativa. Sindicadas por daños
ecológicos y represión a indígenas por medio de guardias privados,
quedaron expuestas a perder algunos mercados. Frente a este cuadro, los
grandes grupos forestales presionan al gobierno y a la opinión pública,
para que los conflictos sean resueltos penalmente. Se magnificaron los
efectos económicos de la protesta mapuche, y la figura del incendio"(2).
Las forestales mandan en Chile –en América Latina-, hacen y deshacen,
saquean, acumulan superganancias. Los conflictos entre estas empresas
trasnacionales y el pueblo mapuche, se concentran alrededor de la
tenencia y la contaminación de la tierra, ya que los territorios
ancestrales han sido usurpados por las forestales, atentando también
contra la cosmovisión de ese pueblo, sus símbolos, su cultura; y
contaminando fuertemente los amplios territorios arrebatados.
Alfredo Seguel(3), investigador chileno, destaca que la entre las
consecuencias del desarrollo de la industria forestal en Chile, se
encuentran: "Desplazamiento del Bosque Nativo; Pérdida de los Recursos
hídricos, superficiales y subterráneos que ha sido una de las constantes
denuncias entre la IX y X regiones (Los monocultivos exóticos actúan
como verdaderas bombas de agua); Uso indiscriminado de plaguicidas y
contaminación de ecosistemas; Acorralamiento de comunidades rurales por
los monocultivos; Destrucción de caminos rurales y polución por el
tránsito de la maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha;
Pérdida de Flora y Fauna (también plantas medicinales y alimenticias)
ante el desplazamiento del Bosque nativo y ecosistemas; Suelos ganaderos
y agrícolas reemplazados para la introducción de forestales industriales
lo que conlleva a la perdida de soberanía y seguridad alimentaria;
Transgresión de lugares sagrados; Aumento emigración (disminuye fuente
laboral) y pobreza en lugares de alta concentración Forestal;
Acusaciones por auto atentados de incendios forestales que han
involucrado a grupos de seguridad de estas y que han quedado en la
impunidad".
Un dato importantísimo para este análisis que aporta Seguel es la
información sobre los incendios o auto atentados, producidos por
empresas de seguridad "que prestan servicios a compañías forestales como
CMPC – Mininco (Matte) y Arauco – Celco (Angelini), donde incluso, se
han señalado a ex uniformados y ex agentes de inteligencia involucrados
en estas firmas. Una escalada de incendios forestales durante los años
1999 al 2001, coinciden con algunas denuncias aún aisladas de auto
atentados al interior de las propias empresas, como asimismo, con el
inicio de un operativo de inteligencia en el Gobierno de Ricardo Lagos,
desde el mismo 2001 al 2004, para reprimir, neutralizar, controlar y
perseguir a una buena parte del movimiento mapuche, como fue a la
organización Arauko Malleko"… "La empresa Forestal que involucra en
denuncias por auto-atentados a través de sus "cuadros" de seguridad
patrimonial, corresponde a Forestal Mininco, que integra el holding CMPC
del grupo económico Familia Matte; sin embargo, con las denuncias de
Yumbel, estas se extienden a otras, tales como Forestal Arauco y Celco,
del multimillonario de origen italiano, Anacleto Angelini (Holding
Copec-Arauco); y forestal Bio Bio también de Angelini". En su trabajo,
Seguel aporta varios datos que dan sustento a estas hipótesis, que
cierran el círculo de comprensión de las razones que hacen que en pleno
siglo 21, un gobierno que se hace llamar de socialista, mantenga
secuestrado a un pueblo en los confines de su propio territorio.
Durante los primeros días de enero, numerosas movilizaciones y denuncias
de los crímenes contra el pueblo mapuche realizados por el gobierno de
Bachelet –que continúa las políticas de la Concertación-, recorren
América Latina. Sin embargo, es necesario debatir con mayor profundidad,
sobre los modelos mal llamados de "desarrollo", con que las
trasnacionales vienen saqueando a nuestro continente, con la complicidad
en la mayoría de los casos, de los gobiernos locales –incluso de muchos
de los caracterizados como "progresistas".
La recolonización, las nuevas guerras de conquista, el reparto de
territorios por parte de las trasnacionales del Primer Mundo, sigue
siendo la forma de acumulación del capitalismo, y sus consecuencias son
el exterminio de pueblos completos, y la devastación del planeta.
Recordar en este contexto a Rosa Luxemburgo, cuando planteó un siglo
atrás el dilema de la humanidad, como "socialismo o barbarie", puede ser
una manera de pensar en términos más complejos, que estamos frente a una
situación que nos exige, no sólo pensar acciones puntuales de denuncia
sobre violaciones a los derechos humanos, que parecieran excepcionales,
sino comprender que estos actos depredatorios, son inherentes al
capitalismo y a su sistema de dominación. Será hora entonces de discutir
qué proyecto de vida deseamos y promovemos, qué socialismo soñamos y
construimos como alternativa al capitalismo, y encontrar cómo las
batallas de resistencia que venimos librando frente al avance de las
trasnacionales, de sus gendarmes y de sus gobiernos, puedan ir
proyectándose en nuevas experiencias de poder popular.
En ese camino, movilizar fuerzas para que no sea la muerte, la única
palabra audible del pueblo mapuche, y de otros y otras "condenados y
condenadas de la tierra". Que hablen quienes tengan voz. Que griten
quienes tengan energía. Que marchen quienes tengan cuerpos dispuestos a
mostrar que es verdad la palabra mapuche que dice que "por cada uno que
caiga, diez se levantarán".
- Claudia Korol es periodista argentina del Centro de Investigación y
Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CLACSO)
Notas:
(1) Víctor Toledo Llancaqueo es historiador, Centro de Políticas
Públicas y Derechos Indígenas, Chile. Co-coordinador del Grupo de
Trabajo Movimientos Indígenas en América Latina de CLACSO.
(2) Movilización mapuche y política penal. Los marcos de la política
indígena en Chile – 1990 -2007. Publicado en revista OSAL (Observatorio
Social de América Latina). Se puede acceder al texto en
http://sala.clacso.org.ar/biblioteca
(3) Alfredo Seguel es integrante de la agrupación de técnicos y
profesionales de Temuko – Konapewman – Es vocero de la coordinación de
comunidades en conflictos ambientales – E integra equipos de trabajo de
la coordinación de organizaciones e identidades territoriales.- Se puede
acceder al artículo en
http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/medioambiente/ma-art-04.htm
Más información: http://alainet.org
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