sábado 9 de febrero de 2008
CONTAMINACION EN EL SUBTE
Diario PERFIL
Alerta por la contaminación electromagnética
Las antenas de telefonía en subtes, las más peligrosas
Por lo menos hay instalada una por estación. Advierten que en los túneles se da "una sinergía entre varios factores", lo que produce campos magnéticos y eléctricos de cuidado. Denuncian que no hay controles.
Las antenas de telefonía en subtes, las más peligrosas
Por lo menos hay instalada una por estación. Advierten que en los túneles se da "una sinergía entre varios factores", lo que produce campos magnéticos y eléctricos de cuidado. Denuncian que no hay controles.
Por Gonzalo Bustos (Télam)
La contaminación electromagnética, provocada principalmente por los centenares de antenas de telefonía celular instaladas en subterráneos, calles y edificios, crece continuamente en la ciudad de Buenos Aires sin controles ni debates serios sobre su posible impacto en la salud, según denunciaron especialistas en el tema. A las antenas de alta tensión, aisladas de centro urbanos y relegadas durante años a zonas pobres o descampadas, se le sumaron las de teléfonos celulares e internet inalámbrico, que en el país experimentaron un boom en los últimos años y en la Capital Federal se acercan al millar, por lo que la inquietud por sus posibles efectos nocivos comenzó a crecer. Como todavía se desconoce si sus radiaciones afectan la salud a largo o mediano plazo, especialistas reclamaron que se aplique efectivamente el principio precautorio, que se adelanta a las pruebas que puedan surgir sobre sus efectos negativos y limita o condiciona las instalaciones de estos aparatos. Sólo en territorio porteño las antenas declaradas son más de 600, pero en realidad rondan el millar: ya en 2004, según un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la ciudad y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), se registraban casi 350 más dentro de la red de subterráneos.
"Sobre las subterráneas no tenemos información, pero sabemos que están instaladas en todas las líneas. Se cree que hay un mínimo de una por estación", dijo Jorge Ferrari, secretario de Consumidores y Usuarios de la Defensoría porteña.
Sobre tierra tampoco hay un control firme: "un porcentaje relativamente pequeño cuenta con todas las autorizaciones otorgadas, pese a que el boom de la red comenzó en 2000", consideró.
No obstante, se cree que son las antenas puestas en el subte las más peligrosas, ya que en sus túneles se da "una sinergia entre varios factores".
"No es sólo la radiación, sino además el hecho de que está adentro de la jaula que es el túnel y es eléctrico, por lo que produce campos magnéticos y campos eléctricos", afirmó el legislador porteño Facundo Di Filippo (ARI-Coalición Civica).
Tras insistir en un proyecto de su autoría en el que exige que se reconozca el principio precautorio en la Ciudad, el legislador ingresó hace unos días un pedido de informes al Poder Ejecutivo porteño acerca de cuántas de estas antenas pasaron por la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Una fuente de la Dirección de Evaluación Técnica -dependiente de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño- afirmó que el organismo "se encuentra investigando el caso específico de las prestadoras de servicios de telefonía cuyas antenas están ubicadas en las estaciones de subte".
El objeto es "conocer el estado de la documentación correspondiente a fin de dar cumplimiento al procedimiento técnico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental", aseveró.
Lo que se conoce desde mediados del año pasado es un Mapa de Sitios de Medición de Antenas en la ciudad, que detalla ubicación, rango de las frecuencias y máximos valores de medición registrados de los aparatos autorizados a operar.
Según Antonio Brailovsky, ex defensor del Pueblo de la ciudad, el problema es cómo la Comisión Nacional de Comunicaciones mide las emisiones, lo que hace con "dos fallas principales", porque "mide la antena una sola vez en la vida, aunque son aparatos que varían ampliamente, y lo hacen de a una por vez".
Es que la mayoría de las veces las áreas de cobertura de las antenas se superponen -porque cada compañía tiene equipos propios y también para asegurarse el servicio en toda la zona-, y en esos espacios, denominados "puntos calientes", las radiaciones son tolerables cuando se miden por separado, pero no cuando se suman.
"¿Qué pasa si un vecino vive en medio de dos antenas? En definitiva es un horno de microondas", expresó Brailovsky y explicó que se deben medir las emisiones las 24 horas mediante controladores online, como se hace en Barcelona, así como coordinar a las empresas para que compartan las antenas.
Sobre tierra tampoco hay un control firme: "un porcentaje relativamente pequeño cuenta con todas las autorizaciones otorgadas, pese a que el boom de la red comenzó en 2000", consideró.
No obstante, se cree que son las antenas puestas en el subte las más peligrosas, ya que en sus túneles se da "una sinergia entre varios factores".
"No es sólo la radiación, sino además el hecho de que está adentro de la jaula que es el túnel y es eléctrico, por lo que produce campos magnéticos y campos eléctricos", afirmó el legislador porteño Facundo Di Filippo (ARI-Coalición Civica).
Tras insistir en un proyecto de su autoría en el que exige que se reconozca el principio precautorio en la Ciudad, el legislador ingresó hace unos días un pedido de informes al Poder Ejecutivo porteño acerca de cuántas de estas antenas pasaron por la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Una fuente de la Dirección de Evaluación Técnica -dependiente de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño- afirmó que el organismo "se encuentra investigando el caso específico de las prestadoras de servicios de telefonía cuyas antenas están ubicadas en las estaciones de subte".
El objeto es "conocer el estado de la documentación correspondiente a fin de dar cumplimiento al procedimiento técnico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental", aseveró.
Lo que se conoce desde mediados del año pasado es un Mapa de Sitios de Medición de Antenas en la ciudad, que detalla ubicación, rango de las frecuencias y máximos valores de medición registrados de los aparatos autorizados a operar.
Según Antonio Brailovsky, ex defensor del Pueblo de la ciudad, el problema es cómo la Comisión Nacional de Comunicaciones mide las emisiones, lo que hace con "dos fallas principales", porque "mide la antena una sola vez en la vida, aunque son aparatos que varían ampliamente, y lo hacen de a una por vez".
Es que la mayoría de las veces las áreas de cobertura de las antenas se superponen -porque cada compañía tiene equipos propios y también para asegurarse el servicio en toda la zona-, y en esos espacios, denominados "puntos calientes", las radiaciones son tolerables cuando se miden por separado, pero no cuando se suman.
"¿Qué pasa si un vecino vive en medio de dos antenas? En definitiva es un horno de microondas", expresó Brailovsky y explicó que se deben medir las emisiones las 24 horas mediante controladores online, como se hace en Barcelona, así como coordinar a las empresas para que compartan las antenas.
ANTENAS
Diario PERSPECTIVA SUR
El borrador del proyecto será puesto a consideración de los vecinos
La Comuna preparará una nueva ordenanza regulando las antenas de telefonía celular
Los que rechazan la colocación de antenas en zonas urbanas se reunieron ayer con el titular de la cartera ambiental. Sumaron el apoyo de dos nuevos barrios. Mostraron su satisfacción por el apoyo de la Comuna y dijeron que además de las gestiones que se dan a nivel local, en provincia hay interés en analizar el problema.
Tal y como estaba previsto, en la mañana de ayer los vecinos de distintos barrios que rechazan la colocación de antenas de telefonía celular en zonas urbanas mantuvieron un encuentro con Claudio Olivares, titular de la secretaría de Medio Ambiente de la Comuna. La reunión, que duró tres horas, dejó ampliamente satisfechos a los concurrentes, entre los que se contaron representantes de nuevos barrios. Desde la Comuna se informó que se realizará un proyecto de ordenanza sobre la regulación de la instalación y funcionamiento de las antenas en el distrito, que será puesto a disposición de los vecinos en forma de borrador en el próximo encuentro, el 26 de febrero próximo.Pero además, se les indicó a los movilizados que en la provincia de Buenos Aires hay inquietud por la problemática de las antenas, y que se ha creado un organismo para analizar las denuncias sobre impacto en la salud de estas estructuras. Los vecinos destacaron la buena predisposición de Olivares al término del encuentro, aunque remarcaron que por parte de organismos de control como Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) no hay respuestas, incluso a los pedidos de audiencia solicitados por el propio titular de la cartera ambiental quilmeña. Además, se les informó que en el distrito hay 670 antenas, de las cuales no todas son de telefonía celular. La mayoría de ellas pertenecen a entidades bancarias, o servicios de emergencias, entre otros rubros, pero presentarían exactamente los mismos riesgos a la salud que las de comunicaciones móviles.
EL ARGUMENTO DE LAS EMPRESAS
Clara Fund, una de las referentes de los movilizados ayer, señaló a PERSEPCTIVA SUR que lo que se nos dijo es que las empresas de telefonía habían estado con los funcionarios, y que habían planteado el mismo argumento con el que se escudan siempre: que sin antenas no hay comunicaciones, lo que nosotros sabemos que no es cierto . Además , dijo Fund, se siguen sumando testimonios de los daños que las antenas provocan en la salud, y de la preocupación de los vecinos, porque hoy (ayer) tuvimos gente de otras dos zonas presente: gente de Bernal y de Acha y 12 de Octubre . También estuvieron los de Quilmes Centro, los de Don Bosco, y los de Fierro. Y s conoció el caso de una docente de Don Bosco que presenta una patología oncológica como la que ya habían denunciado otras docentes, y que atribuyen a la presencia de la antena.EL PROYECTOEn cuanto a la propuesta de confeccionar un nuevo proyecto de ordenanza de la que dio cuenta Olivares ante los vecinos, Fund dijo que nosotros estamos de acuerdo en que se nos presente el borrador y podamos discutirlo, porque creemos que siempre debe darse participación a la comunidad en temas que la van a afectar tan directamente . Lo que pedimos, sin embargo, es que el tema no salga por decreto, sino que sea bajado al Concejo Deliberante y que podamos estar en la sesión donde se trate, porque creemos que todo debe hacerse en forma democrática .De todas maneras, la mujer dijo que desde ya que es muy importante que haya esta apertura por parte de la Comuna, cuando el panorama era completamente distinto hasta el 10 de diciembre último. Y porque nos interesa que la ordenanza que pueda surgir sea superadora incluso de la del año 2000 que ponía más énfasis en el aspecto económico de la instalación de las antenas, que en los daños a la salud que estas pudieran ocasionar a la población.
UN ORGANISMO PROVINCIAL
Finalmente, Fund dijo que Olivares informó a los concurrentes a la reunión de ayer acerca de la preocupación que existe en provincia por este tema, y no sólo por lo que ocurre en Quilmes, sino también en otros distritos . Nos dijeron que el gobernador Daniel Scioli está al tanto del tema, y está preocupado, por lo que impulsa un trabajo en conjunto con los distritos , añadió Fund. Y dijo que se creó un organismo, que es el OPDS (Organismo para el Desarrollo Sustentable) que entre otras tareas va a trabajar en el análisis del impacto de las antenas sobre la población y los posibles daños a la salud, la medición de los campos de radiación y demás aspectos técnicos .
NO A LAS TORRES EN RAMOS MEJIA
Vanina Besagonill mandó esta foto con la protesta en Ramos Mejia por la construcción indiscriminada de edificios que provocan el colapso de los servicios de cloacas, luz y agua
BARRIO QUE CONTAMINA
Diario PERSPECTIVA SUR
Opinión
Las inversiones inmobiliarias no justifican contaminación, sobreexplotación, depredación y marginación social
(por Ernesto Salgado*)
Se realizó la primera audiencia pública, no vinculante, relacionada con la instalación, en Hudson, del nuevo barrio privado Las Acacias . El municipio la encaró como un mero trámite: no dio amplia difusión a la convocatoria; los tres minutos de tiempo estipulados para las exposiciones fueron una traba y una falta de respeto para los expositores, que no pudieron explayarse debidamente, y los estudios de impacto ambiental, geodesia e hidráulica, que se tuvieron que conocer al tomar vista del expediente, resultaron absolutamente imprecisos e insuficientes.Edgardo Boyraz, en representación del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, participó como expositor, trató de plantear los elementos centrales de nuestra preocupación y dejó por escrito el material elaborado para la ocasión. Entre otras cosas destacó que: No debemos tomar como debate la instalación de un nuevo country en Berazategui, sino el problema en su conjunto, que reside en la proliferación de mega emprendimientos privados, clubes náuticos y country, que desde fines de los '90 están minando el distrito y la falta de una planificación urbana de todo que contemple el crecimiento de Berazategui a largo plazo, pero no solamente un crecimiento para los sectores más acomodados, sino para todos . Urge un debate de ideas a cerca de cómo debe crecer Berazategui y realizar un estudio y planificación urbana, donde no se tenga en cuenta las apetencias del capital inmobiliario sino un desarrollo ambiental sustentable y necesidades sociales como son el déficit habitacional . Mientras que en los países centrales estos emprendimientos inmobiliarios están en franco retroceso, por no ser sustentables por razones económicas, sociales y hasta energéticas, acá todavía son furor. Además de lo ambiental, desde el Foro se planteó con fuerza que los llamados capitales feudales violan la Constitución Nacional que habla del libre tránsito, por ejemplo, ninguno de nosotros puede ingresar y disfrutar del centenario bosque exótico ubicado en el country Abril. Allí se aplica el concepto de que las calles son mías y no podes pasar . Lo mismo que en Plátanos, donde el megaemprendimiento náutico Puerto Trinidad se apropio de más de un kilómetro de playa, donde ningún berazateguense podrá ir jamás. Además de ello, Puerto Trinidad hoy es el paradigma del descalabro natural, todo lo ambientalmente incorrecto se hizo allí y de una forma irreparable: se construyó una suerte de dique en una buena parte de la franja costera que ocupa y dragaron el lecho del río hasta rellenar el interior del dique, elevando la cota de la tierra en más de 5 metros, sepultando el hábitat de un gran número de anfibios, reptiles, peces, aves, mamíferos e invertebrados, y de innumerables especies vegetales quedaron sepultados. Y al sector que no se rellenó, no le fue mejor, ya que fue arrasado por topadoras y luego quemado. Boyraz, sintéticamente recordó algunas de las dificultades que traen los barrios privados. Se refirió a las históricas inundaciones que sufrieron y sufren los vecinos del Barrio La Porteña y Kennedy Sur. Estos dos son casos testigos que indica que los estudios de impacto ambiental, de hidráulica y de geodesia fueron dibujados o mal hechos. Los countries también generan desigualdad social: En los últimos 15 años, en Berazategui se crearon 22 emprendimientos privados y 2 barrios sociales. En agosto del año pasado, y en tiempo récord, los concejales oficialistas aprobaron, sin discusión, la instalación del barrio privado Las Golondrinas que estará lindero al Barrio 3 de Junio, donde el gas natural es un lujo y los asfaltos y las cloacas inexistentes. Según la AFIP, los relevamientos realizados en barrios cerrados y country del primer y segundo cordón del conurbano norte arrojan casi un 80 por ciento de irresponsabilidad fiscal. O sea, los que más tienen ni siquiera pagan.El desarrollo a cualquier costo es subdesarrollo.*Ernesto Salgado es integrante del Foro Regional Ribereño en Defensa del Río de la Plata y su Ecosistema.
sábado 29 de diciembre de 2007
ANTENA
IMPULSO BAIRES
Impiden instalar una antena telefónica en Cañuelas por peligro de contaminación
La Plata - La Cámara Federal de La Plata rechazó un reclamo de la empresa Telecom para instalar una antena de comunicaciones en un barrio de la localidad bonaerense de Cañuelas, ante la posible generación de contaminación y porque en sus cercanías funciona un jardín de infantes.
Así lo resolvió la Sala III del Tribunal al confirmar un fallo de primera minstancia de la justicia federal de Lomas de Zamora que había hecho lugar a una mmedida cautelar presentado por un grupo de vecinos del barrio Rucanay y prohibido a la empresa Telecom instalar la antena. "Todo daño a la salud o al medio ambiente debe ser evitado o minimizado a través de medidas de carácter preventivo", indicó el fallo. Asimismo, indicaron "la realización de ciertas actividades o empleo de determinadas tecnologías cuyas consecuencias hacia las personas o medio ambiente msean inciertas, pero potencialmente graves, deben ser restringidas hasta que dicha incertidumbre sea resuelta en su mayor parte". Según el amparo presentado por los vecinos del barrio, la instalación de la antena traería consecuencias nocivas para la salud, impactaría visualmente y les provocaría una pérdida en el valor de sus propiedades.A demás, alegaron que el lugar indicado para su instalación se encuentra a escasos 110 metros de un jardín de infantes. Pese a que Telecom desestimó los temores de una posible contaminación, los mcamaristas consideraron que "en materia ambiental lo más razonable y beneficioso mes prevenir antes que recomponer o reparar el posible daño a la salud o el medio ambiente". El fallo recordó que la resolución 900/05 de la Secretaría de Política Ambiental bonaerense la cual establece que "los efectos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes han sido estudiadas y requieren un adecuado tratamiento a nivel provincial". En esa resolución se indicó que es "responsabilidad del Estado proteger a los ciudadanos mediante medidas preventivas contra los posibles efectos nocivos para la salud". Además, alegaron que la Ley provincial 25.675 reza: "cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente". El fallo fue firmado por los jueces Carlos Nogueira, Antonio Pacilio y Carlos Vallefín.
EMPRESAS CONTAMINANTES
Diario INFOREGION
Clausuraron dos empresas por contaminación
La medida fue dispuesta por la Secretaría de Control y Fiscalización Ambiental del distrito y rige para las empresas Inobreca S.A. y Latin Chemical Suppleirs S.A. Ninguna de las compañías cuenta con las medidas necesarias para el tratamiento de sus productos que son perjudiciales para el medio ambiente. La medida se prolongará hasta que las empresas regularicen su situación.
La Secretaría de Control y Fiscalización Ambiental de Almirante Brown ordenó la clausura de dos empresas por considerarlas perjudiciales para el medio ambiente por contaminación. Las empresas afectadas son Inobreca y Latin Chemical Suppleirs.La empresa Inobreca situada en la calle Guatambú 1430 fue clausurada hoy de manera total y preventiva por no presentar las medidas de contención de la contaminación ambiental que ejerce al tratar con productos químicos. Es que la empresa no posee un mecanismo de contención del aceite que utilizan en sus labores. Además, posee un deficiente sistema de impermeabilización de tanques. Por su parte, la empresa Latin Chemical Suppleirs, esta ubicada en Tomas Guido 2445 se dedica al deposito, fracción y comercialización de químicos, pero fue clausurada por derrame de sustancias químicas utilizadas como insumo. Las medidas de clausura serán efectivas hasta que las empresas regularicen su situación.
PATRIMONIO
Diario PAGINA 12, suplemento M2
Un año donde todo cambió
El 2007 será el año en que el patrimonio pasó a la agenda política de la Ciudad y todo cambió. Hubo una ley por fin coherente y útil, amparos exitosos, fallos clarísimos y conceptos económicos nuevos que comenzaron a hacerse sentir.
El 2007 será el año en que el patrimonio pasó a la agenda política de la Ciudad y todo cambió. Hubo una ley por fin coherente y útil, amparos exitosos, fallos clarísimos y conceptos económicos nuevos que comenzaron a hacerse sentir.
Por Sergio Kiernan
Se termina un año para recordar en cuanto patrimonio edificado. Esto es porque finalmente se aprobó una ley que es un real comienzo para ordenar el tema, y porque esta ley es producto de algo tan simple como difícil de conseguir: que el tema se politice y pase a ser parte de la agenda, como la salud, la seguridad y el tránsito. Es que 2007 fue el año de la protesta callejera contra las torres y la piqueta, el año de los amparos para salvar edificios y el año en que la Legislatura votó una ley con los vecinos de la ciudad mirando de cerca. En fin, el tema patrimonial salió de las publicaciones especializadas y la desesperanza para ser un tema más de política.
El proceso fue explosivo. En la primera mitad del año aparecían síntomas aquí y allá, como los lectores que mandaban fotos y denuncias de demoliciones indeseadas y hasta de aprietes absurdos, como la constructora que denunció a vecinos por tirarle un tomate a su cartel de obra en una cuadra tranquila de Villa Pueyrredón donde se alzaba el primer edificio en altura. Los vecinos de Caballito ya estaban haciendo masa crítica y poniendo en el temario cosas como cotas de altura y FOTs, mientras que los del Bajo Belgrano combatían proyectos inmobiliarios en un terreno que fue de la embajada soviética.
Las alegrías eran bien pocas y uno se encontraba envidiando a La Plata, que mal que mal y de prepo mostraba la voluntad política de frenar las demoliciones y las torres. Lo bueno pasaba por proyectos privados, como la gloriosa restauración de las galerías Güemes, que le devolvió a la ciudad una obra maestra de Gianotti que había sido vandalizada para modernizarla y medio que olvidada bajo el gris del abandono. La restauración volvió a ponerla en el mapa, levantó el nivel de los comercios, atrajo a turistas asombrados y resultó una estupenda inversión, lección que demuestra la diferencia entre ser un vivo y ser inteligente.
Foto: Alejandro Leiva
Desde la política todo parecía perdido. La boba administración de Jorge Telerman seguía siendo tan blanda como siempre, sólo que ya no se molestaba en fingir que era progresista. Las chicas superpoderosas –la ministra de Cultura Silvia Fajre y su secretaría de Patrimonio, ahora reciclada en Cultura de la Nación, Nani Arias Incollá– sacaban libritos y seguían sin mover un dedo para salvar algún edificio, aunque sea pa' cumplir. El Ministerio de Planeamiento seguía en mano de los cínicos de siempre, que uno ignora si dejan demoler todo por convicción ideológica o por simples peajes. El "cardenal" Santiago de Estrada, en ejercicio de la presidencia de la Legislatura, logró que la Iglesia hiciera un negocito terminando de demoler, esta vez legalmente, una casa en Membrillar 64 que hasta era parte del APH de Flores. Le costó, tanto que puso a su real referente político, el cardenal (de verdad) Jorge Bergoglio, a llamar a diputados para que aprobaran la ley tramposa, papelón que llevó el tema a la tapa de Página/12. Cuánto que le debe Bergoglio a este militante católico...
El patrimonio parecía destinado a sobrevivir sólo por accidente y en los libros que el Cedodal sigue editando con su emperramiento ejemplar, o en las magníficas fotos de los que publica Larivière. Y entonces llegó julio y pasó lo inesperado.
Resulta que fue entonces que una empresa justo anunció que iba a demoler lo que resultó la gota que rebalsa el vaso. El petit hotel de Callao 924, donde funcionó por añares una mutual, es un edificio muy bello, cargado de vitrales, chimeneas, boiseries y herrerías de primera agua. Pero no es ni más ni menos hermoso que otros petit hoteles que ya cayeron para ser reemplazados, en el mismo barrio y en otros, por edificios de cuarta categoría. Lo que pasó con éste fue que un grupo de vecinos tomó la calle para intentar salvarlo, con lo que disparó el fenómeno.
"Basta de demoler" era hasta entonces más una dirección de mail y una red de contactos que otra cosa. Nacida pocos meses antes a través de El Fantasma de Recoleta –seguramente el mejor periódico barrial de la ciudad–. El Fantasma cubría las demoliciones y sugirió que los que se oponían se juntaran. Para julio, Basta de Demoler estaba listo para presentar un amparo judicial y debutar en sociedad. Hasta le hicieron un velorio al edificio. Lograron que el dueño ofreciera un futuro espacio con las antigüedades reinstaladas, para uso libre de grupos como Basta de Demoler.
A este empate por puntos le siguió enseguida un triunfo resonante, que marca un antes y después. En agosto, Basta de Demoler presentó otro amparo, esta vez por el notable edificio francés de los Bemberg en Montevideo 1250, cuatro pisos con detalles de fachada ya únicos. El juez porteño Roberto Gallardo emitió un fallo ejemplar, que frenó la demolición. La diferencia era que Montevideo estaba en la lista de Edificios Representativos de la ciudad y días antes de que se expidiera el permiso de demolición había entrado en la legislatura un proyecto para catalogarlo en firme. Gallardo entendió que no se podía demoler porque destruir el edificio iba a impedir que los legisladores ejercieran el poder con el que están investidos.
Más importante aún, Gallardo –y luego la Cámara, en apelación– dejaron en claro algo seminal: que el patrimonio tiene un valor material concreto y real, que debe ser amparado. El edificio a demoler tiene un valor intrínseco que puede y debe ser protegido por la Justicia. No es una molestia en el camino a construir un edificio nuevo y, ése sí, valioso. Esto es de una importancia enorme porque nunca había sido dicho.
Por supuesto, el gobierno porteño hizo la pajaronada de apelar, antes incluso que la empresa constructora. Perdieron como in the war y luego tuvieron la lucidez de compensar el tropezón con un gesto inédito, el de desistir formalmente de volver a apelar. Queda en el aire la responsabilidad del genio burocrático que ni se molestó en averiguar si se podía dar el permiso de demolición. Ese personaje algún debería responder con sus bienes y haberes por el daño causado.
Otra situación
Este éxito y la claridad meridiana de los fallos judiciales cambiaron completamente el panorama. La comisión de Patrimonio de la legislatura generó de inmediato cuatro proyectos para contener la situación y crear una emergencia patrimonial que frenara estos papelones. Los cuatro proyectos se unificaron, pasaron por las comisiones que corresponde rumbo al piso y fueron modificados políticamente. El 22 de noviembre de este año se votó el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial que, parcial y limitado en el tiempo como es, resulta la más amplia ley jamás aplicada en Buenos Aires en este tema. Básicamente, la ley frena toda demolición de los edificios comprendidos en la lista de Representativos –casi 3000 piezas–, de los sobrevivientes de los Premios Municipales y de los construidos antes de 1942 en el polígono que Telerman pretendió presentar como Paisaje Cultural ante la Unesco, una zoncera que terminó sirviendo para algo porque al fin y al cabo tenía existencia legal.
La ley crea un procedimiento especial para estos edificios especiales. Básicamente, no se pueden tocar sin un parecer del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, un ente que reúne Ejecutivo, Legislativo y organizaciones de arquitectos y que hasta ahora sólo hacía eso, asesorar. A partir de la ley, el CAAP tiene el poder de decir que un edificio no tiene valor patrimonial y permitir demolerlo, o decir que sí lo tiene, lo que automáticamente obliga a comenzar el trámite de catalogación.
A esta ley hay que apoyarla para que sea un éxito, pidiendo catalogaciones a granel y forzando, desde la política, a que el ejecutivo la cumpla. El patrimonio no es cosa de nostálgicos o historiadores, es un valor material palpable, un modelo de negocios que pone el eje en el edificio y no en el terreno. Esto no es ninguna novedad y fue comprobado una y otra vez en ciudades y países del mundo entero, donde muchos ganaron buen dinero y vieron sus propiedades valorizadas gracias a la protección.
Y todo con una calidad de vida mucho mejor que en, por ejemplo, San Pablo, una ciudad donde le dieron piedra libre al negocio a corto plazo y mirá como terminó.
NUEVO TRIUNFO DE LOS VECINOS
Diario PERFIL
Un amparo presentado por los vecinos
Juez frenó la construcción de una torre en Caballito
Juez frenó la construcción de una torre en Caballito
Se iba a hacer en Pasaje Portugal al 500, un lugar caracterizado por sus casas bajas. La sentencia "preservó la calidad paisajística" e impide al gobierno entregar nuevos permisos.
Un juez ordenó hoy a la ciudad de Buenos Aires suspender la habilitación para construir una torre en el pasaje Portugal al 500, al hacer lugar a un amparo presentado por vecinos, informó el coordinador de la Protocomuna de Caballito, Gustavo Desplats. La medida fue dispuesta por el juez Osvaldo Otheguy, titular del juzgado 8 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño. "Que la justicia ordene suspender una habilitación correctamente otorgada y una obra en curso es todo un precedente. Logramos probar que el Código de Planeamiento Urbano es inconstitucional", dijo Desplats. El fallo se refiere a un amparo presentado por los vecinos del barrio de Caballito para detener la construcción de un edificio en el pasaje Portugal, en cercanías del Parque Centenario, caracterizado por casas bajas y en el que se construía un edificio de siete pisos. El reclamo de los vecinos, al que hizo lugar el juez, pedía que el gobierno porteño se abstenga de "autorizar, promover o tolerar la realización de todo trámite, obras o cualquier tipo de acto tendiente a modificar el entorno del pasaje Portugal, en especial sobre el lote ubicado en el 574/76/78".
Desplats destacó que el fallo de Otheguy ordena también "no innovar", es decir, impide al gobierno porteño entregar nuevos permisos de obra, y subrayó que "es la primera vez que una habilitación se suspende, es decir que es nulo lo actuado por la administración".
Agregó que el magistrado en su sentencia "preservó la calidad paisajística" y que la presentación hecha por los vecinos se basó en tratados internacionales que la Argentina reconoce y que están en la Constitución Nacional reformada en 1994.
Fuente: Télam
martes 18 de diciembre de 2007
FIRME POR NO AL BASURERO EN CIUDAD EVITA
NO AL CEAMSE EN CIUDAD EVITA!!!!
Firmen es importante, hay que evitar que pongan el basural!!!!!!
sábado 15 de diciembre de 2007
NO A LAS TORRES
Diario LA NACION
La Legislatura no autorizará una torre en el Bajo Belgrano
En terrenos de la embajada de Rusia
En terrenos de la embajada de Rusia
El polémico proyecto de ley para permitir la construcción de una torre en una manzana perteneciente a la Federación Rusa en la zona del Bajo Belgrano, barrio residencial de lujosas casas bajas, no será sancionada este año en la Legislatura porteña y perderá estado parlamentario. Esto pudo saber LA NACION de fuentes parlamentarias que integran la "mesa chica" de la cámara, que reúne a los presidentes de bloque y las autoridades del cuerpo con el objetivo de alcanzar el consenso necesario para aprobar las normas. De esta manera, el futuro de la cuestionada iniciativa salió de la órbita de la Comisión de Planeamiento Urbano -en la que había prosperado- y quedó en manos de los principales operadores políticos de la Legislatura. El mensaje transmitido fue claro: cuando ya está finalizando el período de sesiones ordinarias, los diputados quieren evitar un nuevo enfrentamiento con los vecinos, que sospechan de la existencia de un negocio inmobiliario detrás del cambio normativo. Según se dio a entender, el momento del año favorece el plan de los diputados: si el despacho de la Comisión de Planeamiento no queda ratificado antes del 10 de diciembre, pierde estado parlamentario y el texto se remite a una versión anterior, que no incluía la rezonificación de la manzana en cuestión, delimitada por las calles Húsares, Olazábal, Cazadores y Blanco Encalada. El proyecto resulta más amplio, ya que introduce cambios en la zonificación de todo el Bajo Belgrano, un exclusivo rincón porteño enmarcado por La Pampa, Figueroa Alcorta, Monroe y las vías del ferrocarril Mitre. Hoy, está protegido por la categoría U23 (urbanización determinada) del Código de Planeamiento Urbano, que sólo autoriza la construcción de viviendas unifamiliares. Si prosperara la redacción actual del despacho de la Comisión de Planeamiento, que modificó el texto aprobado en primera lectura y sometido a audiencia pública, podría ser construida una torre de 20 pesos en la manzana de la Federación Rusa. Según los vecinos, si aparecieran oficinas y departamentos en alquiler se afectaría el estilo de vida del barrio. Para personal de la embajada Autoridades rusas en la Argentina negaron que existiera tal intención. Explicaron a LA NACION que la idea es "construir un edificio de viviendas para el personal de la embajada". Alexander Schetinin, ministro consejero de la embajada de Rusia, sostuvo: "No tenemos problemas con los vecinos. A nadie le conviene un terreno baldío, y por eso queremos desarrollar un proyecto de inversión con la participación de constructoras locales, lo que a su vez creará nuevos puestos de trabajo para los argentinos". Con la sospecha planteada, los "hombres fuertes" de los bloques mayoritarios de la Legislatura decidieron boicotear la ley; algunos lo admitieron abiertamente, como el jefe del kirchnerismo, Diego Kravetz, y otros fueron más precavidos. "No vamos a acompañar la ley", dijo Kravetz a LA NACION. El jefe del peronismo macrista y futuro vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Santilli, respondió: "Estamos a favor del proyecto general, pero en contra de lo planteado para esa manzana". Por su parte, Gabriela Michetti, jefa de la bancada de Compromiso para el Cambio y vicejefa de gobierno electa, consideró que "es un tema delicado que requiere mayor análisis". Desde la Coalición Cívica, el vicepresidente tercero del cuerpo, Alejandro Rabinovich, dijo: "Entiendo que la aprobación será muy difícil". Incluso los mismos diputados que firmaron el polémico despacho dejaron entrever que, si resulta necesario, buscarán un nuevo acuerdo con los vecinos y los otros actores involucrados. Por ejemplo, el kirchnerista Juan Manuel Olmos. "Bajo sospecha no legislo. Voy a pedir el archivo hasta que exista un nuevo consenso con todos los actores. No tengo ningún interés con la embajada; no quiero quedar sometido a esa lógica. Que quede para más adelante", sentenció. El macrista Rodrigo Herrera Bravo, que tendrá a su cargo la Agencia de Turismo que creará Mauricio Macri, también dejó la puerta abierta: "Lo que hicimos fue firmar un despacho consensuado tras larguísimos meses de trabajo con todos los vecinos de la distintas zonas del Bajo Belgrano. Pero pueden aparecer otros que no hayan participado y que se opongan. Vamos a escuchar a todos".
Por Angeles Castro
De la Redacción de LA NACION
DERRUMBE EN TUCUMAN
Derrumbe en una obra en construcción en el microcentro tucumanoSe produjo un derrumbe en la calle Mendoza al 556 en una obra que se encontraba en construcción. No hubo heridos
En el micro centro tucumano, en Mendoza 556 durante este mediodía se produjo un derrumbe en una obra en etapa de construcción. El incidente se produjo cuando una viga de madera se cayó desde el techo. No hay ningún herido, debido a que los locales estaban desabitados para ser alquilados. Según comento Mario Herrera " el techo tiene material viejo" y esto puede haber provocado el incidente.
OTRO DERRUMBE
Un obrero murió al derrumbarse una losa en Barracas
La víctima había quedado atrapada entre los escombros en una obra de demolición; hay dos heridos
(DyN).– Un obrero murió al quedar atrapado entre los escombros de una obra de demolición en el barrio porteño de Barracas. Otros dos trabajadores quedaron heridos durante el derrumbe y dos compañeros y fueron trasladados a un hospital Así lo confirmaron voceros de la subsecretaría de Emergencias del Gobierno porteño, que indicaron que el trabajador no fue identificado, pero que se trata de una persona joven. La víctima quedó atrapada luego de derrumbarse una losa en el galpón de la calle Daniel Cerri 1251, que ocupa toda una manzana, ex fábrica Noel. Allí están demoliendo las instalaciones para construir una terminal de ómnibus de la empresa de transportes Plusmar. En las tareas de rescate trabajaron unos 50 bomberos de Barracas y la Boca, así como personal de la Guardia de Emergencias. Según se informó, ya hubo antecedentes hace algunos meses del derrumbe de una pared en el mismo predio, sobre la calle California, aunque sin consecuencias para ninguna persona. Esas versiones fueron confirmadas también por vecinos del barrio. El subcomisario Omar Vacca, de la División Central Alarma de la Policía Federal, expresó que "los perros trabajaron en la zona para detectar el sector donde podía haber una persona, lamentablemente encontramos primero la maza y continuamos hasta llegar al cuerpo". De acuerdo a lo informado oficialmente, la obra se realizaba con autorización legal. Intervino en el hecho la comisaría 30a.
La víctima había quedado atrapada entre los escombros en una obra de demolición; hay dos heridos
(DyN).– Un obrero murió al quedar atrapado entre los escombros de una obra de demolición en el barrio porteño de Barracas. Otros dos trabajadores quedaron heridos durante el derrumbe y dos compañeros y fueron trasladados a un hospital Así lo confirmaron voceros de la subsecretaría de Emergencias del Gobierno porteño, que indicaron que el trabajador no fue identificado, pero que se trata de una persona joven. La víctima quedó atrapada luego de derrumbarse una losa en el galpón de la calle Daniel Cerri 1251, que ocupa toda una manzana, ex fábrica Noel. Allí están demoliendo las instalaciones para construir una terminal de ómnibus de la empresa de transportes Plusmar. En las tareas de rescate trabajaron unos 50 bomberos de Barracas y la Boca, así como personal de la Guardia de Emergencias. Según se informó, ya hubo antecedentes hace algunos meses del derrumbe de una pared en el mismo predio, sobre la calle California, aunque sin consecuencias para ninguna persona. Esas versiones fueron confirmadas también por vecinos del barrio. El subcomisario Omar Vacca, de la División Central Alarma de la Policía Federal, expresó que "los perros trabajaron en la zona para detectar el sector donde podía haber una persona, lamentablemente encontramos primero la maza y continuamos hasta llegar al cuerpo". De acuerdo a lo informado oficialmente, la obra se realizaba con autorización legal. Intervino en el hecho la comisaría 30a.
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TEATRO EL PICADERO
Diario PAGINA 12, Suplemento M2
demoliciones
Alrededores de El Picadero
El simbólico teatro de la cortada Discépolo iba a ser demolido hasta que un amparo frenó su destrucción. Nadie parece haber recordado que una ley nacional ordena construir un teatro donde se demuela un teatro. Otro caso de inseguridad jurídica para todas las partes.
Por Sergio Kiernan
Alrededores de El Picadero
El simbólico teatro de la cortada Discépolo iba a ser demolido hasta que un amparo frenó su destrucción. Nadie parece haber recordado que una ley nacional ordena construir un teatro donde se demuela un teatro. Otro caso de inseguridad jurídica para todas las partes.
Por Sergio Kiernan
El Basta de Demoler Santiago Pusso y un nutrido grupo de nombres de la cultura están defendiendo el Teatro del Picadero, célebre en los ochenta como uno de los pocos lugares donde se pudo respirar durante la dictadura. El antiguo garaje de la cortada Rawson –hoy Discépolo pero todavía la única calle curva de la ciudad, de Callao y Lavalle a Riobamba y Corrientes– es ahora parte de un emprendimiento que toma tres lotes, llegando a Corrientes. Para variar, se alzará ahí algo demasiado alto, totalmente comercial y seguramente pesado, ya que lo firmará el arquitecto Alvarez, monomaníacamente especializado en cementos feotes.
El Picadero fue sede de Teatro Abierto, un raro espacio que los militares no pudieron cerrar y que permitió sentir que todavía había vida inteligente en el planeta Argentina de esos años. Tuvo sus bombas, sus amenazas y sus aprietes, pero siguió. Luego, en democracia y con los años, el lugar terminó eventualmente más como estudio de televisión, pero con la sala intacta.
Resulta que hay una ley nacional que permite demoler un teatro sólo a condición de construir otro, en el mismo lugar y en iguales condiciones. Esta norma es federal, aplicable a todo el país, pero además está incorporada a la ley porteña –el mal llamado Código, que es una ley grandota, nada más–. Nada de esto parece haber obstado para que se autorice a demoler el lugar, otra muestra de la pésima gestión del Ministerio de Planeamiento bajo el gobierno supuestamente progresista y honesto de Jorge Telerman. Se trata de un caso de A) estupidez, desgano y simple incompetencia; B) cobardía ante el interés económico de cualquiera que tenga un auto más grande que el tuyo o; C) interés económico del/los que firman los papeles. No hay otra explicación para dar, tan campantes, permiso para algo manifiestamente ilegal.
Otro cantar es defender el valor patrimonial del edificio en sí, ya que no está protegido de ninguna manera gracias a la proverbial inoperancia de las Chicas Superpoderosas –una de las cuales, Nani Arias Incollá, consiguió conchabo en la Secretaría de Cultura de la Nación– que por supuesto nunca se animaron a proteger el patrimonio edificado.
Aun así, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico Argentino presentó un amparo para que no se demuela El Picadero. El expediente 27907/07 aterrizó en el juzgado 12 de primera instancia contencioso y tributario de la Ciudad. Fue un expediente suertudo, ya que la titular es Alejandra Petrella, una jueza que sabe largamente de patrimonio histórico y que ha dado conferencias y paneles muy informados sobre el tema. La doctora Petrella consideró que "los elementos adjuntados a la causa no resultan suficientes para examinar con profundidad la verosimilitud del derecho invocado". Pero, con un tino notable, señaló que "las razones invocadas respecto del peligro en la demora resultan suficientes para conceder la medida peticionada". Esto es, explicó la jueza, porque si uno da vueltas con temas jurídicos o procesales nunca se puede llegar al fondo de la cuestión porque el edificio es demolido y adiós, no hay nada más que tratar. Como escribió Petrella, "de no concederse la cautelar solicitada, la actora –los demandantes– podría ver conculcados sus derechos en forma definitiva y sin la posibilidad de remedio alguno". Así, la jueza ordenó a la Ciudad que impida la demolición del teatro hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Habrá que ver si hay razones de fondo para que el edificio se salve definitivamente, si va a desaparecer para que alguno se haga algo más rico y si, aunque sea, alguien se acuerda de hacerles cumplir una ley nacional que ordena construir un teatro en reemplazo del teatro demolido. Mientras tanto, seguimos en la inseguridad jurídica que crearon sucesivos gobiernos porteños y que todavía no parece tener solución. Esto se debe a que nadie parece dispuesto a tener el coraje político –la estatura– de definir el tema patrimonial de una buena vez, dándole reglas claras. Las ONG y los vecinos están cada vez más activos y menos dispuestos a dejar hacer y demoler. De hecho, resulta cuestión de tiempo que empiece a haber acciones políticas sobre el tema. Las empresas ya se están acostumbrando a poner cláusulas bizantinas en contratos de compra, cosas como sujetar la operación a que se obtenga permiso para demoler y no haya amparos. Estamos en un limbo, a media agua, donde ni demoledores ni vecinos encuentran satisfacción. Es hora, evidentemente, de que alguien se ponga en estadista y cree un marco regulatorio para toda la ciudad, claro y accionable, que levante estas contradicciones que sólo benefician a los que cobran peajes.
PRESERVACION
Diario PAGINA 12, Suplemento M2
patrimonio
Contra la piqueta
Tucumán 1961, una notable pieza española. La esquina de Sarmiento 1194, lista a ser demolida. Una de las maltratadas fachadas de Carlos Calvo al 1400 y la casi demolida casa de la calle Granaderos. Pedidos urgentes para edificios en peligro.
Siguieron llegando más pedidos de catalogación de lectores, que con muy buen tino dieron prioridad a edificios que están a punto de caramelo para ser demolidos. María de la Fuente, vecina de Constitución, eligió un maltratado conjunto de viviendas en Carlos Calvo al 1400, cuyas fachadas están siendo destruidas ahora mismo con una frivolidad que da ganas de llorar. Una de estas viejas viviendas, la del 1426, fue comprada por el Radio Club para ampliar su sede en algún futuro, pero hasta que llegue ese futuro no se ocuparon de mantener lo que compraron, con lo que el edificio está muy deteriorado. Al lado está el Hotel Minerva, constantemente intervenido sin ton ni son, y sin profesionales habilitados. Para peor, el Minerva es vecino de un edificio que sí está catalogado.
Hugo Pontoriero solicita se catalogue el petit hotel de Lanús y Hary, de hacia 1910, que pena en Marcelo T. de Alvear 762, en muy mal estado. También la residencia creada por el arquitecto Agote en Paraguay 1535.
Marcela Gutiérrez pide la catalogación de esa belleza de Kalnay en Solís 1478/1480 que usamos de ejemplo hace dos semanas. Es una joya que necesita mantenimiento urgente de un arquitecto que tiene varios edificios ya catalogados como tesoros de la ciudad.
Eduardo Diéguez alerta sobre el grave peligro que corre la propiedad de Granaderos 57, en Flores, un barrio al que define acertadamente como zona liberada para las demoliciones. Diéguez solicitó una intervención urgente al gobierno porteño, ya que la hermosa casa está siendo demolida.
El muy activo Mauro Sbarbati envió otra tanda de edificios en el centro, que incluyen algunos notables. Por ejemplo, el bello de Callao y Viamonte, que está listo a demolerse y que habría que salvar y luego exorcizar, ya que por muchos años fue una base de inteligencia militar. También pone el dedo sobre esa fantasía del Art Déco español que todavía campea en Tucumán 1961 y sobre varios petit hoteles muy valiosos en Tucumán 931, Viamonte 641, Sarmiento 1194/1200 y Rodríguez Peña 575/595, éste en inminente peligro de demolición.
Contra la piqueta
Tucumán 1961, una notable pieza española. La esquina de Sarmiento 1194, lista a ser demolida. Una de las maltratadas fachadas de Carlos Calvo al 1400 y la casi demolida casa de la calle Granaderos. Pedidos urgentes para edificios en peligro.
Siguieron llegando más pedidos de catalogación de lectores, que con muy buen tino dieron prioridad a edificios que están a punto de caramelo para ser demolidos. María de la Fuente, vecina de Constitución, eligió un maltratado conjunto de viviendas en Carlos Calvo al 1400, cuyas fachadas están siendo destruidas ahora mismo con una frivolidad que da ganas de llorar. Una de estas viejas viviendas, la del 1426, fue comprada por el Radio Club para ampliar su sede en algún futuro, pero hasta que llegue ese futuro no se ocuparon de mantener lo que compraron, con lo que el edificio está muy deteriorado. Al lado está el Hotel Minerva, constantemente intervenido sin ton ni son, y sin profesionales habilitados. Para peor, el Minerva es vecino de un edificio que sí está catalogado.
Hugo Pontoriero solicita se catalogue el petit hotel de Lanús y Hary, de hacia 1910, que pena en Marcelo T. de Alvear 762, en muy mal estado. También la residencia creada por el arquitecto Agote en Paraguay 1535.
Marcela Gutiérrez pide la catalogación de esa belleza de Kalnay en Solís 1478/1480 que usamos de ejemplo hace dos semanas. Es una joya que necesita mantenimiento urgente de un arquitecto que tiene varios edificios ya catalogados como tesoros de la ciudad.
Eduardo Diéguez alerta sobre el grave peligro que corre la propiedad de Granaderos 57, en Flores, un barrio al que define acertadamente como zona liberada para las demoliciones. Diéguez solicitó una intervención urgente al gobierno porteño, ya que la hermosa casa está siendo demolida.
El muy activo Mauro Sbarbati envió otra tanda de edificios en el centro, que incluyen algunos notables. Por ejemplo, el bello de Callao y Viamonte, que está listo a demolerse y que habría que salvar y luego exorcizar, ya que por muchos años fue una base de inteligencia militar. También pone el dedo sobre esa fantasía del Art Déco español que todavía campea en Tucumán 1961 y sobre varios petit hoteles muy valiosos en Tucumán 931, Viamonte 641, Sarmiento 1194/1200 y Rodríguez Peña 575/595, éste en inminente peligro de demolición.
sábado 24 de noviembre de 2007
PROPUESTAS DE LA RED CONTRA LA CONSTRUCCION INDISCRIMINADA DE EDIFICIOS
Ningún Gobierno ha dado respuesta al reclamo vecinal. Los pocos proyectos que existen a nivel local son producto del trabajo y la movilización de los vecinos. No hay iniciativas estatales tendientes a conciliar la construcción con la planificación urbana. No se discuten planes urbanos ambientales integrados (Capital – Provincia, por ejemplo). Se autorizan obras sin relevar su incidencia sobre el entorno ambiental o sobre la infraestructura de servicios públicos.
Las ciudades padecen serios problemas ambientales (smog, contaminación sonora, falta de espacios verdes, etc.) y sociales (desocupación, pobreza y marginalidad, falta de vivienda social, los "sin techo", etc.), que se ven agravados por el impacto que ocasiona en el territorio de las mismas la construcción indiscriminada de edificios (aumento de la población, aumento del tránsito, etc.). Se requiere una planificación integral de la urbe para evitar estas situaciones. Desde los municipios no se ha planteado nada en este sentido.
A golpes de mercado se construyen las ciudades y los gobiernos locales son meros espectadores de ello, cuando, en realidad, deberían ser quienes regulen la manera en que crecen las metrópolis.
Por esta razón concluimos:
· Que es necesidad prioritaria e indeclinable la utilización de las audiencias públicas, consultas populares o el método de participación ciudadana que la legislación de cada zona habilite, para legitimar cualquier resolución que quiera adoptarse en relación con el futuro urbanístico y ambiental de las zonas a implementarse, respetando de este modo la vocación de vida y características individuales de estas poblaciones.
· Que también la ciudadanía debe tener una participación más allá del rol de sus representantes políticos en:
1. En el análisis e información de servicios en su zona de residencia.
2. En el aseguramiento de la correcta presentación de planos, programas, proyectos y el presupuesto que respalde cada desarrollo a efectuarse en las áreas en donde habitan.
3. En todas las áreas municipales relacionadas con el planeamiento urbano y medio ambiente.
4. En la inversión con planificación y consulta a los vecinos.
5. En el planeamiento urbano.
· Que resultan necesarias las siguientes medidas gubernamentales:
1. La interacción de las áreas de fiscalización de obras, planeamiento urbano y preservación del patrimonio urbanístico.
2. La inversión en obras de infraestructura de servicios públicos, con participación vecinal en su diseño.
3. La inclusión necesaria y obligatoria de un estudio de impacto ambiental previo a los permisos de emprendimientos inmobiliarios u obras públicas, en el cual también se debe asegurar la participación ciudadana (obtención de lo que se da en llamar licencia social).
4. La regulación de la construcción de edificios.
5. El diseño Planes Urbanos Ambientales estratégicos y geográficamente integrados.
6. La solución de los problemas socio – ambientales.
7. La instrumentación de medidas participativas de carácter vinculante.
8. La fiscalización eficiente y eficaz de las obras.
9. La preservación de los barrios como unidades del territorio.
10. El respeto al patrimonio urbanístico.
En resumen, propendemos a tener un plan urbano ambiental que oriente el desarrollo de las ciudades, cuidando la calidad de vida de la población, resguardando los derechos ambientales y buscando que haya políticas de planeamiento participativo y gestión del ambiente urbano integradas a las políticas de preservación del patrimonio urbano y de desarrollo económico social.
Las ciudades padecen serios problemas ambientales (smog, contaminación sonora, falta de espacios verdes, etc.) y sociales (desocupación, pobreza y marginalidad, falta de vivienda social, los "sin techo", etc.), que se ven agravados por el impacto que ocasiona en el territorio de las mismas la construcción indiscriminada de edificios (aumento de la población, aumento del tránsito, etc.). Se requiere una planificación integral de la urbe para evitar estas situaciones. Desde los municipios no se ha planteado nada en este sentido.
A golpes de mercado se construyen las ciudades y los gobiernos locales son meros espectadores de ello, cuando, en realidad, deberían ser quienes regulen la manera en que crecen las metrópolis.
Por esta razón concluimos:
· Que es necesidad prioritaria e indeclinable la utilización de las audiencias públicas, consultas populares o el método de participación ciudadana que la legislación de cada zona habilite, para legitimar cualquier resolución que quiera adoptarse en relación con el futuro urbanístico y ambiental de las zonas a implementarse, respetando de este modo la vocación de vida y características individuales de estas poblaciones.
· Que también la ciudadanía debe tener una participación más allá del rol de sus representantes políticos en:
1. En el análisis e información de servicios en su zona de residencia.
2. En el aseguramiento de la correcta presentación de planos, programas, proyectos y el presupuesto que respalde cada desarrollo a efectuarse en las áreas en donde habitan.
3. En todas las áreas municipales relacionadas con el planeamiento urbano y medio ambiente.
4. En la inversión con planificación y consulta a los vecinos.
5. En el planeamiento urbano.
· Que resultan necesarias las siguientes medidas gubernamentales:
1. La interacción de las áreas de fiscalización de obras, planeamiento urbano y preservación del patrimonio urbanístico.
2. La inversión en obras de infraestructura de servicios públicos, con participación vecinal en su diseño.
3. La inclusión necesaria y obligatoria de un estudio de impacto ambiental previo a los permisos de emprendimientos inmobiliarios u obras públicas, en el cual también se debe asegurar la participación ciudadana (obtención de lo que se da en llamar licencia social).
4. La regulación de la construcción de edificios.
5. El diseño Planes Urbanos Ambientales estratégicos y geográficamente integrados.
6. La solución de los problemas socio – ambientales.
7. La instrumentación de medidas participativas de carácter vinculante.
8. La fiscalización eficiente y eficaz de las obras.
9. La preservación de los barrios como unidades del territorio.
10. El respeto al patrimonio urbanístico.
En resumen, propendemos a tener un plan urbano ambiental que oriente el desarrollo de las ciudades, cuidando la calidad de vida de la población, resguardando los derechos ambientales y buscando que haya políticas de planeamiento participativo y gestión del ambiente urbano integradas a las políticas de preservación del patrimonio urbano y de desarrollo económico social.
Buenos Aires, 15 de Noviembre de 2007.-
MAS SOBRE ANTENAS
Retiran a chicos de un colegio por temor a los efectos de una antena
Es que se inician las clases otra vez y todavía continúa instalada en ese lugar una antena de telefonía celular de la empresa Telecom Personal. A pesar de que en noviembre pasado se suscitaron reiteradas protestas, nada cambió. La torre no está habilitada por la Municipalidad y desde el gobierno local aseguran que existe la decisión de que sea removida de allí, pero el propio secretario de Gobierno municipal, Juan Carlos Zabalza, advirtió que "la Justicia Federal es la que pone las trabas para que se bajen las antenas". Mientras, ya hay padres que decidieron no enviar este año a su hijos a la escuela o están pensando en esa posibilidad ante el temor que les genera semejante estructura instalada en el patio del colegio, equipamiento sobre el que además pesa la sospecha de que produce efectos gravísimos para el organismo."Este año decidí no mandar a mi hija al La Salle porque tengo miedo". Sergio es papá de una nena de 3 años. La pequeña asistió durante el 2003 al jardín de 2 años en el colegio de Mendoza al 400. Está conforme con la educación que recibió la niña en la institución, pero la presencia de la antena de telefonía celular en el sitio lo inquietó. La preocupación no es sólo de él, sino que es compartida por muchos otros padres ante el temor de un accidente o por la posibilidad de que el equipamiento genere diversas enfermedades.Es que si bien nadie puede asegurar categóricamente que las radiaciones no ionizantes provocadas por el funcionamiento de un equipo transmisor de base de telefonía celular generen cáncer, no hay científico serio que se atreva a descartarlo. El titular de la organización no gubernamental (ONG) Alerta Antena, Esteban Villalba, indicó que este tipo de aparatos "provocan alteraciones y problemas en la salud".
Riesgos para la salud
El químico, biólogo y genetista Norberto Gilliavod, que colabora con la mencionada entidad, destacó que las radiaciones que emiten las antenas de telefonía celular generan "un mayor riesgo de desarrollar leucemia mieloide crónica" y apuntó que en ese sentido, los niños son más vulnerables a ese padecimiento que los adultos.El especialista -que participó en audiencias públicas en el Concejo Municipal- señaló que Rosario es una de las cinco ciudades de mundo más contaminadas por radiaciones. Además recomendó trasladar las torres telefónicas a unos 2 ó 3 kilómetros fuera de la periferia de la ciudad.Gilliavod subrayó que las radiaciones no sólo pueden provocar cáncer, sino que también pueden contribuir al desarrollo del Parkinson, mal de Alzheimer, alteraciones en los marcapasos, cefaleas, problemas de insomnio, ansiedad, depresión y un sinnúmero de patologías. "A pesar de que pueden traer serios problemas de salud a las personas, las antenas se siguen instalando por el gran poder que tienen las empresas transnacionales que las manejan", comentó.Graciela manda a su hijo al La Salle desde hace seis años. Esta mamá está considerando al posibilidad de cambiar al niño de colegio por el temor de la antena. Susana, quien tiene dos chicos que concurren a ese colegio, en diálogo agregó que existe un gran temor de que la antena se desplome sobre el patio, tal como ocurrió en noviembre de 2000 en el club Banco Nación, cuando murió un operario que trabajaba en la torre.Iván es papá de cuatro chicos que asisten al colegio y no ocultó su preocupación. De todos modos, consideró que será muy difícil que sea retirada la antena porque "están en juego intereses de empresas muy poderosas".Y ante esta situación, Marisa, mamá de dos alumnos, llamó al resto de la comunidad educativa a interiorizarse sobre los posibles riesgos que provocan las antenas sobre la salud.En todos los casos, los padres resaltaron la calidad educativa de la institución, pero criticaron a las autoridades por continuar con la antena dentro del predio de la escuela."Existe una duda razonable sobre los riesgos que generan las antenas. Entonces por prevención debería ser desmantelada", recalcaron los papás de alumnos del La Salle, eso sin contar que esa estructura no cuenta con habilitación.
El paraguas judicial
El director de Obras Particulares de la Municipalidad, Eduardo González; el titular de Asuntos Jurídicos, Aldo Gómez, y el secretario de Gobierno, Juan Carlos Zabalza, confirmaron a este diario que la antena ubicada en el colegio La Salle "no está habilitada". Explicaron que está funcionado porque la empresa Telecom Personal interpuso una medida cautelar ante la Justicia federal, que hizo lugar al pedido de la transnacional.Los funcionarios municipales detallaron que cuando la antena se instaló en 1996 no había una normativa al respecto en la ciudad. Entonces la empresa inició los trámites de habilitación correspondientes, llamados de aptitud urbanística. Antes de conseguir los permisos, en el año 2000, se aprobó la actual ordenanza, que prohíbe la instalación de este tipo de equipos sobre escuelas, clubes, iglesias y hospitales, entre otro tipo de entidades. La Municipalidad le dio dos años a Telecom para que cumpliera con la normativa vigente. Vencido ese plazo, la firma de telefonía interpuso una medida cautelar ante los Tribunales federales y cuando la Justicia hizo lugar a la solicitud de la transnacional frenó el poder de policía que debe cumplir la Municipalidad."Vamos a desmantelar esa y todas las antenas que no tengan habilitación", señaló Zabalza, y agregó que "sólo necesitamos que la Justicia emita la orden de allanamiento para poder actuar". En ese sentido agregó que "la Justicia federal pone trabas en este proceso al hacer lugar a los recursos de amparo y las medidas cautelares que interponen las empresas de telefonía para poder continuar operando, aún fuera de la normativa vigente".Al parecer, padres y chicos deberán continuar esperando que se diriman los tironeos en la Justicia para lograr que la norma se cumpla.
Sólo tres habilitadas
Sólo tres de las 116 antenas instaladas en la ciudad están habilitadas por el municipio, cuya potestad para otorgar el permiso de instalación fue siempre objetada por las empresas.
fuente: Gabriela Zinna, diario La Capital.
ORDENAN DESCONECTAR ANTENA EN COLEGIO
"PEINO LEONARDO ESTEBAN Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)", EXPTE: EXP 20677 / 0 Buenos Aires, 9 de noviembre de 2007. Y VISTOS: Estos autos, para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada —a fs. 241/244 vta.—, memorial cuyo traslado fue contestado por la contraria a fs. 251/253, contra la resolución obrante a fs. 234/235. La señora Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 258. I. En el presente caso y dentro del marco de la acción de amparo, los actores solicitaron el dictado de una medida cautelar a fin de que se ordene al GCBA a desconectar una antena de telefonía celular de la empresa Telecom S.A. ubicada en el Colegio "San José de la Palabra de Dios" —establecimiento educativo al que concurren sus hijos— hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. En el escrito de inicio relataron que en el año 2000 —mientras concurrían al acto de inauguración del año lectivo— observaron la instalación de una antena de telefonía celular en el colegio. Agregaron que la misma fue desconectada el 15/02/2005 por la falta de presentación del "informe de impacto ambiental" y que luego, la empresa Telecom S.A., habría presentado el informe que provocó que la antena fuera reconectada. Destacaron los efectos potencialmente perjudiciales para la salud ocasionados por la contaminación electromagnética y agregaron que el GCBA omitió aplicar el principio de precaución establecido en el art. 4 de la ley 25.675 y que tampoco respetó el procedimiento existente en lo que se refiere a la Evaluación de Impacto Ambiental. II. A fs. 194/197, la magistrada de primera instancia resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionada y ordenó al GCBA a que —por conducto del Ministerio de Medio Ambiente— y en un plazo de quince (15) días arbitre los medios para que se suspenda el funcionamiento de la antena de telefonía celular que opera en la sede del colegio hasta tanto se resuelva el fondo de la presente acción de amparo, o bien hasta que se acredite en autos que se ha cumplido acabadamente con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la Autoridad Ambiental haya extendido la pertinente autorización. III. Luego, a fs. 216, el GCBA acompañó fotocopia de la Disposición Nº1605-DGPYEA-2006, de fecha 20 de noviembre de 2006, por la que se categoriza a la actividad de "Telefonía Móvil Celular", a desarrollarse en la calle Castillo Nº767, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto y por la que se otorga el correspondiente certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom Personal S.A. En consecuencia, solicitó que se deje sin efecto la medida cautelar ordenada. IV. Una vez cumplidas con las contestaciones de los correspondientes traslados, la señora Jueza de primera instancia resolvió denegar el levantamiento de la medida cautelar solicitada por la demandada. Para así decidir, la sentenciante de grado entendió que la Administración no demostró haber cumplido el Acuerdo 381 del Consejo del Plan Urbano Ambiental, en cuanto dispone que "toda instalación en colegios, hospitales y geriátricos o en predios contiguos a los mismos deberán evitarse. Caso contrario se deberá justificar la inexistencia de otra alternativa, así como realizar mediciones específicas que demuestren no superar los límites de exposición con máxima potencia en función de la longitud de onda del emisor". Esta decisión fue cuestionada por el Gobierno de la Ciudad —a tenor de los argumentos expuestos en su memorial—, circunstancia que motiva la intervención de esta Alzada. V. En primer lugar, cabe destacar que los recaudos que hacen a la admisibilidad de esta clase de medidas deben ser analizados con mayor prudencia, habida cuenta de que podrían configurar un anticipo de jurisdicción anterior al dictado del fallo final (CSJN, 10/12/1997, "Garré, Alfredo A. C/ Dirección General Impositiva", LL, 1999-E-940; esta Sala, autos "Triay, Roberto Oscar c/ GCBA s/ Amparo", del 24/11/00). Ahora bien, en el caso sub exámine, corresponde determinar si con la presentación de fs. 216 cesaron las causas que motivaron el dictado de la medida cautelar de fs. 194/197. Es decir, si se encuentra efectivamente acreditado en autos el cumplimiento acabado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y si la Autoridad Ambiental extendió la pertinente autorización. Por otro lado, resulta oportuno destacar que la medida cautelar otorgada en primera instancia se encuentra firme toda vez que la misma no fue apelada. De las constancias de autos se desprende que con la presentación de fs. 215, el GCBA acompañó una fotocopia de la Disposición Nº1605-DGPYEA-2006 de la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 20/11/2006, por medio de la cual se categoriza a la actividad de "Telefonía Móvil Celular", a desarrollarse en la calle Castillo Nº767, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto y por la que se otorga el correspondiente certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom Personal S.A. El art. 3 de la mencionada disposición establece las condiciones a cumplir en el desarrollo de la actividad: "a) Verificar el cumplimiento de las condiciones contra incendio y medios de salida del edificio donde se encuentra emplazada la antena, según capítulos 4.12 y 4.7 del Código de Edificación; b) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional idóneo siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; c) Cumplir con los Límites Máximos Admisibles (LMP) establecidos en la Ley Nº1540/LCABA/04, con respecto a ruidos y vibraciones. La constancia de denuncia comprobada podrá ser causal de la aplicación del Art. 38 de la Ley Nº123; d) Los equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario para evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior; e) Poseer un Plan de gestión de residuos sólidos que contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección dentro del marco normativa vigente en la materia; f) Contar con mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado en el Plan de Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación; g) Gestionar los residuos derivados del mantenimiento y reparación del grupo electrógeno y las baterías en desuso como residuos peligrosos; h) Evitar el acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y los soportes de antenas de comunicación". A su vez, el art. 4 establece que "El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº123". Ahora bien, como destaca la sentenciante de grado, el Acuerdo 381 del Consejo de Plan Urbano Ambiental sobre la Regulación de Antenas en la Ciudad, publicado en el boletín Oficial el 30/10/2006 establece en su artículo 6º -referido a los límites, criterios generales de localización y tratamiento de las estructuras soporte de telefonía celular- inciso 6º que "Toda instalación en colegios, hospitales y geriátricos o en predios continuos a los mismos deberá evitarse. Caso contrario se deberá justificar la inexistencia de otra alternativa, así como realizar mediciones específicas que demuestren no superar los límites de exposición con máxima potencia en función de la longitud de onda del emisor". De lo reseñado, no puede inferirse que la demandada haya dado cumplimiento acabado con el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental exigido en la normativa legal aplicable, toda vez que la disposición Nº1605-DGPYEA-2006 de la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 20/11/2006, fue dictada con fecha posterior al dictado del Acuerdo Nº381, de fecha 28/09/2006 (publicado en el Boletín Oficial el 30/10/2006), el cual establece —como de dijo— que toda instalación en colegios, hospitales y geriátricos o en predios continuos a los mismos deberá evitarse y que, en caso contrario, se deberá justificar la inexistencia de otra alternativa, situación que no se encuentra acreditada en autos. En virtud de lo expuesto, atento que la antena se encuentra ubicada en una escuela en la cual concurren niños diariamente y encontrándose en juego el derecho a salud, conduce al Tribunal a concluir que no existen elementos suficientes para considerar reunidos —en el actual estado de la causa y con la provisoriedad propia de este estadio del análisis— los recaudos necesarios que hacen procedente el levantamiento de la tutela cautelar otorgada por la magistrada de primer grado. Sin perjuicio de lo dicho y solo a mayor abundamiento, corresponde agregar que los agravios expuestos por el apelante no logran desvirtuar lo expuesto por la sentencia de primera instancia respecto de la aplicación del Acuerdo Nº381 del Consejo de Plan Urbano Ambiental referido a la regulación de Antenas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En mérito a las consideraciones vertidas, y oído el Ministerio Público Fiscal; por mayoría de sus integrantes; el Tribunal RESUELVE: Confirmar la resolución recurrida en todo cuanto ha sido motivo de apelación y agravio. Con costas a la apelante vencida (art. 63, CCAyT). Notifíquese a la señora Fiscal de Cámara y devuélvase. Encomiéndase al juzgado el cumplimiento de las restantes notificaciones, conjuntamente con la providencia que haga saber la devolución de los autos.- El Dr. Esteban Centanaro no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Carlos F. Balbín Horacio G. A. Corti
ARTICULO
Diario PAGINA 12, Suplemento M2
Ley
Por Sergio Kiernan
Por Sergio Kiernan
Este jueves fue un gran día: la Legislatura porteña votó la más abarcativa ley de patrimonio en la historia de nuestra Ciudad. No es un régimen total, no abarca todo Buenos Aires, no tiene el rigor que mostró Rosario, pero es un formidable paso adelante en la preservación de nuestros mejores edificios, la seguridad jurídica para toda una industria y un límite al caos constructivo. La ley crea un mecanismo que abarca a los casi 3000 edificios de la lista de Representativos, el puñado de premios municipales que no fueron demolidos y un número muy grande de edificios patrimoniales en el gran polígono que inventó Jorge Telerman en su absurda propuesta de Paisaje Cultural de la Humanidad ante la Unesco. La ley es también la graduación de la temática patrimonial del campo de la cultura –o de los sueños– al de la política concreta. Y es un pequeño milagro.
Al fin una alegría.
La ley
Lo que se votó en la tardía sesión del jueves a la noche fue un texto negociado paso a paso en tres comisiones. La iniciativa surgió en la comisión de Patrimonio que preside Teresa de Anchorena y forman María Eugenia Estenssoro, ambas de la Coalición Cívica, Juan Manuel Olmos y Chango Farías Gómez, del Frente para la Victoria, Marta Agostini de Varela, de Recrear, y Alvaro González, del PRO. El despacho que aprobaron estos legisladores reunía varias ideas y creaba una zona de exclusión en el Paisaje Cultural de la costa porteña, de La Boca a Núñez, donde se protegían todos los edificios anteriores al 31 de diciembre de 1941. A este amplio universo se le agregaba la lista de Edificios Representativos que el gobierno porteño reunió, tal vez para otro libro, pero que nunca movió un dedo para proteger. Y también menos de un centenar de sobrevivientes de la tan demolida lista de premios municipales de arquitectura.
Todo esto se hacía bajo el paraguas de la Emergencia Patrimonial y por un plazo de 180 días, en el que se congelaban todas las demoliciones y reformas drásticas. En un plazo de 120 días, el gobierno porteño tenía que presentar una propuesta de qué catalogar y qué liberar. Nada de esto alteraba los regímenes que protegen, mal que mal, al patrimonio en las Areas de Protección Histórica o lo que ya está catalogado.
El despacho pasó sin mayores sobresaltos por la comisión de Cultura pero comenzó a trabarse en la de Planeamiento, pese a que su presidente, Alvaro González, del PRO, ya la había votado en Planeamiento. Esto era de esperar, ya que el tema patrimonio este año se había politizado en el sano sentido de pasar a ser algo más en la vida política de la Ciudad, y por tanto en varios radares. Hubo que negociar, con participación e input del inminente Ejecutivo que asume el 10 de diciembre.
Lo que terminó ocurriendo fue que se aprobó un despacho de minoría que, con acuerdo de partes, terminó siendo votado este jueves por 38 a favor, nadie en contra y una abstención.
El acuerdo fue que se eliminara la Emergencia Patrimonial, que suena grave y además puede crear intríngulis legales de difícil manejo. El plazo de la ley se extiende a un año, el doble del original y crea un mecanismo más simple y a la vez más difuso. Todo edificio de las dos listas –premios y representativos– está automáticamente inhibido y no puede ser demolido. En el polígono, quedan en igual situación todos los construidos antes del 31 de diciembre de 1941. Quien quiera demolerlos o reformarlos tiene que seguir un trámite especial, que consiste en pedirle permiso a un ente paraestatal poco conocido, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Este CAAP tiene treinta días para pronunciarse de un modo simple, por sí o por no, sin necesidad de grandes estudios o gordas carpetas, sobre una cuestión muy simple: ¿el edificio que se quiere demoler es patrimonial? Si la respuesta es no, se gira el trámite a la Dgfoc del Ministerio de Planeamiento para que se autorice la demolición. Si la respuesta es no, la Dgfoc tiene que inhibir el terreno y presentar el pedido de catalogación permanente a la Legislatura.
Irónicamente, las constructoras pueden generar una lluvia de catalogaciones al pedir permisos para destruir el patrimonio.
El Consejo
El CAAP reúne actores diversos en el tema patrimonial, fue creado por Ordenanza Municipal en 1998 y confirmado por ley de la Legislatura en agosto de 2006. Lo forman un representante de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, otro de la Comisión de Patrimonio, otro del Ministerio de Cultura porteño y otro de la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad. Están invitadas a participar la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, la FADU-UBA, la Sociedad Central de Arquitectos, el Comité Argentino del Icomos, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio Cicop, el Instituto Argentino de investigación de Historia de la Arquitectura y Urbanismo, y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.
Sus miembros actuales son Néstor Sakim, Eduardo Fernández Aguirre, Manuel Villa, Carlos Susini Burmester, Alicia Magdij, Oscar González, Juan Felipe Manavella, Martín Gómez, Norberto D'Andrea, Liliana Barela, Jorge Mallo, Laura Weber, Beatriz Patti, Elsa Pental, Alicia Santaló, Emilio Rivoira y Nora Galli.
La política
Esta ley y este mecanismo son producto de haber llegado al fin a la etapa en que el patrimonio es un ítem en la agenda política de la Ciudad. Así como la seguridad, la salud, el tránsito y la educación son temas de plataforma con los que se ganan y pierden votos, ahora hay que hablar de temas antes "técnicos" como zonificaciones, FOTs, alturas máximas, densidad poblacional y preservación. Esta situación se fue formando por el abuso sistemático del espacio común que es la ciudad que no encontró canal en los representantes. Los ciudadanos comenzaron abrazando al Botánico para que no lo privaticen y llenen de carteles, y terminaron autoconvocados en varios barrios para detener torres.
Por alguna razón de timing y estilo, este año la gran diferencia la hizo un grupo llamado drásticamente Basta de Demoler, que comenzó a protestar airadamente por la demolición sistemática y cada vez más acelerada de algunos de los mejores edificios porteños, los petit hoteles de la zona norte y Recoleta. Barrios de lujo fundados hace un siglo, cuando el lujo argentino era francés y realmente lujoso, Recoleta y en general la zona norte tuvieron verdaderos tesoros arquitectónicos. Buena parte desapareció y fue reemplazada por tonteras de hormigón que hicieron ricos a algunos y degradaron la ciudad.
Basta de Demoler tocó una fibra de los porteños, esa que dice "al fin alguien hace algo". Lograron un hito con el fallo de la Justicia porteña que amparó la residencia Bemberg en Montevideo 1250, frente a la plaza Vicente López, y resultó tajante en dos sentidos: en culpar claramente al gobierno porteño por su conducta "errática" en cuanto al patrimonio, y en afirmar, en doble instancia, que todo edificio que esté remotamente en trámite de protección por su valor histórico no puede ser demolido. La cobardía del gobierno porteño permitía que mientras la Legislatura trataba una catalogación, el ministerio de Planeamiento, hogar de la piqueta, permitiera demoler sin pausas. Para cuando los diputados veían el tema, el edificio ya no existía.
El fallo dejó al descubierto que la industria de la construcción no puede vivir de la picardía y de las hesitaciones interesadas del gobierno porteño. La empresa que compró el palacio Bemberg lo pagó a un precio de demolición y ahora tendrá que mostrar un ingenio escaso por estas costas para recuperar su inversión. El mecanismo creado este jueves evitará avivadas y también quiebras, y tiene el potencial de ser menos corruptible que la confusión actual.
En fin, un logro que puede ser el principio de un sistema racional que abarque a toda la ciudad y fue el resultado del esfuerzo de vecinos y políticos con principios, de equipos técnicos capaces y de jueces que dieron el ejemplo. Hay esperanza.
Las chicas superpoderosas son hijas del rigor
La ministra de Cultura porteña, Silvia Fajre, adora los libros y las inauguraciones. Su subsecretaria de Patrimonio, María de las Nieves Arias Incollá, adora los congresos internacionales de preservación y patrimonio, los libros y las inauguraciones. Ambas detestan pelearse con cualquiera que tenga algún interés económico y todavía más que se enoje su jefe, Jorge Telerman, hombre convencido de que el progresismo bien entendido no toca ranchos ajenos. No extraña que las Chicas Superpoderosas parezcan moverse sólo a fuerza de recursos de amparo, como el que logró que sacaran del cajón la ley 1227, de Patrimonio, que Fajre presentaba como un logro personal pero nunca reglamentó. Frente a la disyuntiva de tener que explicarse ante un juez, lo hicieron rapidito.
Lo mismo acaba de ocurrir con otro "olvido" surgido del mismo cajón. Resulta que la 1227 también le ordenaba a Arias Incollá crear una Unidad Técnica de Coordinación Integral, Catálogos, Registros e Inventarios, de modo que alguna vez se supiera qué había para cuidar en la ciudad. En el contexto de la ley de patrimonio, la Unidad tenía la obligación de fijar el universo de lugares, edificios y objetos a preservar, como base para pedir catalogaciones y protecciones diversas. Nunca ocurrió.
En agosto, Arias Incollá tuvo que contestar un pedido de informes que le hizo la Legislatura, que se preguntaba cordialmente qué había hecho en estos cuatro años. La funcionaria, que es miembro de cuanto grupo internacional de patrimonio organice congresos en lugares bonitos e interesantes, contestó vagamente que la Unidad existía y que se dedicaba a reunir informaciones sobre patrimonio. Como esto suena a un grupo editorial que se dedica a reunir material para los libros que Arias Incollá y Fajre aman editar, y no a proteger el patrimonio como sería su obligación, al pedido de informes le siguió algo un poco más rotundo.
El abogado Diego Hickethier presentó un amparo ante la Justicia porteña en nombre de la diputada Teresa de Anchorena, presidente de la comisión de Patrimonio de la Legislatura. Se le explicaba a la Justicia la historia del pedido de informes, se le transmitían las vaguedades contestadas y se contaban las obligaciones que la Constitución porteña le crean al Ministerio de Cultura. Obligaciones que Arias Incollá esquiva hasta por escrito, tal el terror que le tiene al Ministerio de Planeamiento.
El apriete legal funcionó. El 18 de octubre fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad la resolución 3049 de la subsecretaría, cumplida y archivada por Arias Incollá, en la que la funcionaria crea la Unidad Técnica en los términos de la ley 1227 y los decretos y resoluciones que la reglamentan. La misma resolución afirma que la Unidad no crea nuevos inventarios, ni los actualiza, sino que reúne los que realiza la Ciudad en sus infinitas reparticiones como una herramienta. ¿Y para qué sirve esa herramienta? Para "la investigación, preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras" del patrimonio.
Y no sólo para hacer libros, aunque el último que editaron las Chicas Superpoderosas permite verlas bajo un ángulo diferente. Resulta que todo el talento y voluntad política que Fajre y Arias Incollá no tienen en la defensa del patrimonio sí la tienen en el humorismo. "Sitios de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 1994-2004" es un catálogo de 288 páginas de todo tipo de edificios, lugares e instituciones así declarados por el Ejecutivo porteño. El primer factor de humor es la cantidad de ruinas que pertenecen a la misma ciudad y nunca fueron reparadas, como el Mirador Comastri, pero figuran en el libro. El segundo, y mayor, es la graciosísima, increíble, versión en inglés que acompaña a cada texto del libro. Toda persona que hable inglés en esta ilustre ciudad debe ya conseguirse una copia de este libro, seguramente en venta en el edificio de La Prensa, y compartirlo en familia. Son horas de risas para grandes y chicos. Gracias al profesor Utonio.
Cómo usar la ley
En nuestra próxima edición, m2 presentará un pequeño manual sobre cómo usar esta ley para preservar edificios en su barrio, con un mapa de las zonas de aplicación, links a las listas de edificios representativos y premiados, y una explicación sencilla de cómo pedir como vecino particular la catalogación de un edificio histórico.
lunes 19 de noviembre de 2007
Diario PAGINA 12, Suplemento m2
patrimonio
Hasta el 22 de noviembre
Esta semana se reunió por última vez en el año la Comisión de Planeamiento de la Legislatura a tratar un largo temario. Con muchos vecinos airados y entusiastas, se habló de Belgrano, Caballito y la Ley de Patrimonio. Negociaciones, modificaciones y una actitud diferente en el PRO. El 22 es la fecha para que se trate todo en el plenario.
Por Sergio Kiernan
Hasta el 22 de noviembre
Esta semana se reunió por última vez en el año la Comisión de Planeamiento de la Legislatura a tratar un largo temario. Con muchos vecinos airados y entusiastas, se habló de Belgrano, Caballito y la Ley de Patrimonio. Negociaciones, modificaciones y una actitud diferente en el PRO. El 22 es la fecha para que se trate todo en el plenario.
Por Sergio Kiernan
Este martes 13 de esta extraña semana de frío en pleno noviembre se reunió la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña, en su último encuentro del año. Fue en el muy bello salón de la planta baja que lleva el nombre de Perón, entre columnas y arcos, bajo gloriosas arañas de bronce y cristal, en un ambiente de los que supimos construir (y ya no sabemos). Fue un encuentro simbólico, con algo así como un centenar de vecinos que llegaron organizados, con carteles y fotos, oradores designados y un nivel de articulación que reíte de los sindicatos. El martes quedó absolutamente claro que el tema patrimonial y el de las torres se politizó para valer. Ya no podrá derivar como el barquito de papel, lejos de la mirada pública, contando con la indiferencia general y en particular de los medios. Todo lo que es político es noticia y estos temas ya lo son.
Lo cual explica lo que se anduvo viendo esta semana en cuanto a patrimonio y zonificaciones varias.
Ley de Patrimonio
La ley ómnibus que navegó las comisiones de Patrimonio y Cultura de la Legislatura mutó esta semana. Entre otras cosas, porque el PRO –dentro del bloque y también en el futuro Ejecutivo– está dando claras señales de asumir la politización del tema y empezar a tratarlo con responsabilidad. Como se recordará, las comisiones unificaron varios proyectos que atienden el creciente reclamo de los vecinos de la ciudad para que se frene la demolición indiscriminada de recursos no renovables, el patrimonio edificado. Así, se declaraba la emergencia patrimonial por seis meses y se daba un plazo perentorio de cuatro para que se catalogara o no un universo de edificios abarcado por la lista de Representativos, la lista de Premios Municipales y el polígono creado por Jorge Telerman para su proyecto de Paisaje Cultural de la Humanidad. Estos edificios –muchos edificios– no se podían tocar, según el proyecto, sin autorización del CAAP, que tenía el poder de preservarlos o liberarlos mientras se discutía la catalogación del conjunto en pleno.
En el PRO parecen haber entendido varias cosas respecto de este tema. Una es la clara inseguridad jurídica que crea en la industria de la construcción la situación actual, más regida por protestas, amparos, fallos judiciales y organismos públicos haciéndose los suecos que por reglas claras. Tanto, que se inventó un nuevo tipo de boleto, el que sujeta la operación a que se aprueben las demoliciones. Y un nuevo tipo de vivo, el que vende un predio histórico disimulando que lo es, para que el emprendedor se desayune solito cuando es demasiado tarde. El segundo tema que parecen haber percibido es que los vecinos ya no aceptan las demoliciones resignadamente, que el asunto aparece cada vez más en la prensa y que ocurren cosas alarmantes como que los periodistas llaman para que les expliquen por qué votaron lo que votaron. Demoler un edificio patrimonial pronto será como cerrar una escuela: un muy serio problema político. Y hay muchos más edificios patrimoniales que escuelas.
Entonces, esta semana se consensuó un proyecto diferente y positivo, que se votará el 22 de noviembre en el plenario de la Legislatura. El proyecto crea por un año exacto un procedimiento de promoción especial de protección patrimonial que abarca los edificios públicos o privados en la lista de Representativos y en la de Premios municipales, y todos aquellos en el polígono del Paisaje Cultural construidos hasta el 31 de diciembre de 1941. Toda solicitud de demolición o intervención en fachadas o espacios de uso común que llegue a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastros debe seguir un procedimiento claro: tiene que ser girada de inmediato a la Dirección General de Interpretación Urbanística, para que ésta se la lleve al CAAP (Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales). El CAAP tiene que revisarla y pronunciarse en 30 días sobre si el edificio tiene o no valor patrimonial. Si no lo tiene, se lo comunica a la DGIU, para que liberen la demolición o reforma. Si lo tiene, Planeamiento debe comenzar el proceso de catalogación. En todo caso, el trámite termina en la Dgfoc.
El único rulo que tiene este proyecto es que si el CAAP no contesta en treinta días, el edificio queda liberado. Ya sabemos dónde tendrá que ponerse el reflector para ver si se cumple con la ley y se protege el patrimonio.
Como se ve, esta ley puede crear por fin un mecanismo claro y relativamente veloz para ordenar toda la ribera porteña, de La Boca a Núñez, más los casi tres mil edificios que toman las dos listas. El nivel de seguridad jurídica que esto crearía es fácil de percibir, por la claridad en las reglas, y los vecinos tendrían la tranquilidad de que su barrio no va a desaparecer y ser reemplazado por otro, más paulista, de pura prepotencia. Por supuesto, los mecanismos de catalogación normales siguen en su lugar, igual que las APH. Y todo lo que está en trámite de catalogación está inhibido de demolición mientras la Legislatura no trate el caso.
El 22 de noviembre el PRO tiene el escenario abierto para mostrar que finalmente entendió políticamente la temática patrimonial y quiere representar a los ciudadanos de su ciudad en esto también.
Las alturas
El otro gran tema de la sesión del martes pasó por las alturas constructivas. Ese día, Planeamiento votó sin demasiadas complicaciones la catalogación de Montevideo 1250 –también se vota este mes– sostenida por un fuerte fallo judicial, la de la avenida Alvear y zona aledaña, y la del palacio Maglione en la calle Entre Ríos 1948, pedido por sus propios dueños, gente patriota y de amor a sus tradiciones. Se demoró la del club Huracán por una cuestión muy cuerda: la catalogación con grado de estructural impediría reparaciones o reformas necesarias para, por ejemplo, cuestiones de seguridad del público. Se está discutiendo con el club la redacción de la ley para que la cancha no termine clausurada por preservarla.
El grueso de la discusión pasó, entonces, por las alturas constructivas en Caballito y por la U23 de Belgrano, centrada en su zona 1 –la única exclusivamente residencial de la ciudad– y en la manzana que la difunta URSS compró hace añares para construir su embajada, que ahora se busca cambiar a un uso mixto con viviendas. Al frente de la comisión, Alvaro González tuvo un día difícil, en el que debió poner orden ante un auditorio volátil, que exigió mucho y también se pasó de rosca con un abandono notable.
Ese día hablaron los Vecinos Autoconvocados de Belgrano, que levantaron cuarenta carteles mientras hablaban sus representantes, que hicieron discursos con detalles técnicos sorprendentes, llenos de cotas, FOTs y alturas máximas. Luego hablaron los vecinos de la Rural, que apuntaron a ilegalidades diversas, donaciones raras, leyes que se descartan y otras herencias del menemismo. Después fue el turno de los vecinos de Basta de Demoler, representados por el arquitecto Marcelo Magadán, que sacó el tema de ser un poco más creativos en el uso de nuestros recursos y aprender a hacer dinero con el patrimonio sin necesidad de demolerlo. Cerró Gustavo Desplatz, de la Protocomuna de Caballito, que anunció que este martes a las 19 hacen un "ruidazo" en Acoyte y Rivadavia, en solidaridad con el patrimonio.
González tuvo que poner orden varias veces y explicar que el debate de la comisión no era con el público sino entre diputados. Ya había habido varios momentos de ovación a los oradores y uno bastante tontón, cuando se dijo que los legisladores estaban al servicio de los ciudadanos de Buenos Aires y no de Moscú, un toque de nacionalismo municipal con algunos que hasta coreaban ¡Argentina! Francamente...
Al finalizar la larga reunión se había aprobado todo lo respectivo a Caballito y quedaban en negociación los detalles finales de Belgrano, básicamente por lo complicado de cotas y alturas que implica una manzana completa dividida en cuartos.
martes 13 de noviembre de 2007
ARTICULO
LA FALTA DE FISCALIZACION ADECUADA Y LOS DERRUMBES
Por Marcelo Capelluto (*) y Margarita Fornasero (**)
Los derrumbes ocurridos durante el corriente año en distintos barrios de la Ciudad como consecuencia del boom de la construcción y la especulación inmobiliaria, revelan los graves problemas de infraestructura, la imprevisión de las constructoras, sumada a los controles ineficientes en lo que hace al ejercicio de la policía estatal, poniendo en situación de riesgo a las propiedades linderas a las obras en construcción.En un PH de Dorrego 1653, se cayó un pasillo de la vivienda y dejó aislados a sus ocupantes. El incidente se produjo medianera de por medio con un edificio en construcción. Algo similar ocurrió en un local comercial de avenida Juan B. Justo al 2300. El 6 de marzo pasado, en el barrio porteño de Boedo, se derrumbaron el patio y la cocina de una casa situada al lado de una obra en construcción sobre la calle Castro Barros al 1600. Se dijo que las lluvias habrían hecho ceder el terreno de la obra, lo que hizo que cayeran las paredes de la casa. Otros nueve episodios ocurridos en los últimos años, a saber: en Cuba 1881, Cabildo 4566, Cabello 3853, Iberá 6065, Tronador 2835, Morón 3265, Gorriti 6040, Allende 4011 y Rivadavia 3707/15. El caso más resonante ocurrió en el barrio de Caballito cuando se vino abajo la medianera de una casa situada en la calle Pedro Goyena y Thorne, provocando varios heridos. El Código de Edificación y el Código de Planeamiento determinan que el responsable civil y penal de la obra es el profesional matriculado.La problemática actual no surge de una planificación, sino surge de una especulación constructora e inmobiliaria, que están cercando a los barrios de casas bajas con la construcción de torres y edificios, atentando contra la fisonomía de los barrios, y su patrimonio histórico y cultural. Esta falta de planificación se ve no sólo en la inexistencia de estudios de incidencia ambiental, en la inexistencia de evaluaciones de impacto ambiental, realizadas por las autoridades, y por la improvisación de aquellos profesionales, que para abaratar costos y como consecuencia de su mala praxis; viviendas que lindan con obras en construcción, sufrieron derrumbes parciales, hechos que cuentan con antecedentes cada vez más reiterados desde que se desató la fiebre de la construcción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esto se desprende que no se realizarían los controles de rigor adecuados, y si se realizan estos controles, se los hace mal. El control de las construcciones forma parte del poder de policía que tienen las autoridades porteñas, el cual debe ejercerse buscando resguardar la integridad física de las personas y enriquecer la calidad de vida de quienes habitamos la Ciudad de Buenos Aires.Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires de mediados de 2006, pone en evidencia las posibles irregularidades existentes en el órgano de control de las construcciones: la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC): nos habla de falta de seguimiento de denuncias, trámites incompletos, obras en ejecución que no reúnen todos los requisitos. "Patricio Pons, vecino de Caballito, hizo denuncias y no le hicieron caso hasta que un día la pared se cayó. Igualmente personal de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro del gobierno porteño había venido a mi casa y dijo que todo estaba bien"[1] .La Cámara de Demoledores y Excavadores de la República Argentina (C.D.E.R.A), viene denunciando la existencia de empresas clandestinas de demolición y esto se da por la inexistencia de un marco regulatorio para que este tipo de empresas no sigan trabajando sin habilitación, para ello debe existir un registro de empresas demoledoras y excavadoras que otorgue matrículas obligatorias para que la actividad esté reglamentada y, así, evitar que se sigan produciendo accidentes.El director del Ente Regulador de la Ciudad sostuvo que es necesario "ponerle límites y controles a la construcción indiscriminada de torres". Es una decisión política: no quieren afectar el boom de la construcción. Pero el gobierno de la Ciudad tiene la responsabilidad de direccionar la construcción hacia donde hace falta. No puede ser que el diseño de la Ciudad esté en manos de la especulación inmobiliariaPor ello, los vecinos de la Red Verde Ciudadana reclaman medidas urgentes: Traspaso de la DGFOC a Planeamiento Urbano: no pude ser que el área que planifica la Ciudad no se comunique con la que autoriza las obras.Accesibilidad a los expedientes de la DGFOC: dicha Dirección no tiene un procedimiento claro, lo que complica la posibilidad de que cualquier habitante acceda a la vista del expediente, lo que afecta el derecho a la información ambiental. Suspensión efectiva de las obras irregulares.Efectivización de las notificaciones a los Consejos Profesionales de aquellos profesionales que hubieran cometido irregularidades.Limitación de la cantidad de obras que se realizan de manera simultánea en una misma zona.La construcción indiscriminada de edificios, sin planeamiento adecuado y control eficiente es una bomba de tiempo que nos puede estallar y dañar considerablemente. Debemos prevenir y no esperar el agravamiento de la situación. Es evidente que hubo fallas técnicas. Los derrumbes no son casualidad. Una de las funciones básicas de las autoridades urbanas es la supervisión de las construcciones que realizan los particulares. Esta labor de vigilancia debe llevarse adelante de un modo regular, a fin de que se prevengan las fallas que ocasionan derrumbes.
(*) El Dr. Marcelo Fabián Capelluto es Abogado, Procurador y Docente Universitario (UBA)
(**) La Dra. Elsa Margarita Fornasero es Abogada, Procuradora y Docente Universitaria, con el cargo de Adjunta regular en la Facultad de Derecho de la UBA.
[1] La Nación 27/03/07
Citar: elDial - DCC8ACopyright © elDial.com - editorial albrematica
SEMANA CONTRA LA CONSTRUCCION INDISCRIMINADA
JORNADAS DE PROTESTA AMBIENTAL
del 15 al 20 de noviembre.Este año se realizaran una serie de actos en dias sucesivos que seran anunciados en el primero de ellos;jueves 15 a las 19,30 horas.en el pasaje Portugal y Aranguren.Como parte de una singular protesta "con la participacion se los fantasmas de Caballito" , que narraran las vivencias del pasado de nuestro barrio. Que hoy solo se encuentra en esos estrechos 100 metrosEn ella expondremos todas las actividades que se desarrollaran en los dias siguientes. Y defenderemos ese singular rincon de la Ciudad, hoy en peligro de destruccion. .La serie de protestas concluira el 20 de noviembre donde convocamos a Acoyte y Rivadavia desde las 19 horas (como lugar central de manifestacion) y proponemos a la ciudadania realizar un ruidazo desde las 20 horas, por 10 minutos. Asimismo. se difundira un documento presentado por las organizaciones participantes.Sumate. Manda tu adhesion. Participa. Desde tu casa, en el balcon o la puerta. En el trabajo. En tu auto o donde puedas. Son solo 10 minutos de ruido por mejor calidad de vida. Te pedimos que no vengas con banderas ni pancartas politico partidarias.
ORGANIZAN:RED VERDE CIUDADANA, Proto Comuna Caballito, Asamblea de Pompeya, Libres del Sur, Agrupacion Gral. San Martìn, Causa Popular, SOS Caballito norte,Adhieren: Amigos del Lago de Palermo, Vecinos de V. Urquiza, Soldati, Parque Avellaneda, Grupo Horneros (Flores), Sociedad de Fomento de Palermo Viejo, Vecinos agrupados de Caballito, Villla Crespo, Paternal , Basta de Demoler (Recoleta). APEVU, Comedor Martin Cisneros, Centro Cultural La Linqueñita, Asociacion Vecinos de Caballito Norte, Agrupacion Felipe Vallese, Comuna Caballito, Cooperativa Pepe Rozas, Centro San Carlos Norte, Asociacio Juan Manuel De Rosas, SOS Caballito, Asociacion Sabattini , Vecinos Solidarios de Balvanera, Mujeres por Comunas, Agrupacion 19 de diciembre, vecinos de San Telmo, Vecinos de Ramos Mejia, Vecinos de Vicente Lopez, Foros, Fundaciones, ONG y MIPyME, Union Vecinal por Comunas de Villa Mitre, Periodico El Adan de Buenosayres, Asamblea de San Telmo, vecinos del pasaje Portugal, Gacetillas Argentinas (la lista definitiva se entregara con el documento el martes 20).
INFORMES: . 15-5327-3430/ 15-4989-0089/ 4903-7444 / 15-4163-5901
QUILMES
La Agrupación Vecinal Quilmes Unido ante la información brindada por los medios de prensa en cuanto a la realización de una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante a celebrarse la semana del 12 al 16 de Noviembre en la cual serían aprobadas diversas Ordenanzas tendientes a satisfacer reclamos que fueron negados u obviados por la actual gestión del Gobierno Municipal durante los últimos cuatro años, ve con preocupación la posibilidad de que, conjuntamente con este "paquete" de aprobaciones, el Ejecutivo adicionalmente apruebe masivamente proyectos de construcción de edificios de altura hasta ahora pendientes de resolución, agravando con ello el actual colapso de servicios básicos que padecemos actualmente los vecinos de nuestra ciudad.
De concretarse lo reseñado Quilmes Unido, en virtud del compromiso público asumido por el Intendente electo, solicitará a las autoridades entrantes revisar lo actuado hasta el momento en materia de otorgamiento de permisos para la construcción de edificios de altura, dando actuación a la Justicia en los casos que corresponda.
QuilmesUnido.
De concretarse lo reseñado Quilmes Unido, en virtud del compromiso público asumido por el Intendente electo, solicitará a las autoridades entrantes revisar lo actuado hasta el momento en materia de otorgamiento de permisos para la construcción de edificios de altura, dando actuación a la Justicia en los casos que corresponda.
QuilmesUnido.
Integrante de la Red Verde Ciudadana.
domingo 11 de noviembre de 2007
BERNAL
Después de mucho trabajo podemos asegurar que Bernal Unido dio un gran paso. El miércoles 7 de Noviembre las autoridades de la provincia de Buenos Aires entregaron la documentación homologada que responde en parte a lo exigido por los vecinos de Bernal. Se amplió la zona residencial exclusiva, por lo tanto – entre otras cosas – no se pueden construir edificios en un sector del casco de la ciudad.
Si bien hubo un grupo de vecinos más activos que tomó la iniciativa, esto no se hubiera logrado sin el apoyo del 97 % de los habitantes del barrio. Ellos nos contaron sus inquietudes y sus preocupaciones y en esa dirección se coordinaron las acciones. Las cintas verdes en las puertas de las casas fue una clara demostración de apoyo a los reclamos llevados a cabo ante las actuales autoridades municipales. Ellos desoyeron nuestros pedidos. Nosotros redoblamos el esfuerzo. Ellos usaron la Municipalidad de Quilmes para proteger intereses particulares. Nosotros fuimos a la justicia y a la gobernación.
Hoy sabemos que – lamentablemente – algunos permisos de obra fueron autorizados en esta zona, pero gracias al protagonismo alcanzado por el accionar vecinal conseguimos la promesa (firmada) del intendente electo Francisco Gutiérrez de revisar los permisos de obra otorgados por la gestión Villordo en los últimos dos años. Esta misma información fue negada en decenas de oportunidades ante nuestro requerimiento, entre otros por el Dr. Diego Iglesias, responsable del área de Obras Particulares y concejal electo.
Vamos a solicitar a la futura gestión que se revise detenidamente cada expediente y se actúe con el máximo rigor ante las ilegalidades detectadas.
Queremos agradecer a todos, pero especialmente a los que no creyeron en nosotros, a los que quisieron desarticular la asamblea y a aquellos que en un primer momento colaboraron desinteresadamente hasta que cedieron a las presiones políticas, abandonando así el camino de la solidaridad para refugiarse en los beneficios de los "subsidios" estatales… Todos ellos nos dieron la fuerza para seguir adelante.
Decimos que éste es un primer gran paso porque ya estamos trabajando para ampliar la zona protegida y porque queremos que las autoridades entiendan que debemos ser los propios vecinos los que conocemos y debemos decidir en qué ciudad queremos vivir y que deben dejar de escuchar a aquellos que – disfrazados de "buenos ciudadanos" – sólo hacen sus negocios, en detrimento de la calidad de vida de todos.
Creemos que la concreción de un plan urbano ambiental es impostergable. Participación y compromiso: dos cosas que los bernalenses estamos aprendiendo.
Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Asamblea Bernal Unido
Si bien hubo un grupo de vecinos más activos que tomó la iniciativa, esto no se hubiera logrado sin el apoyo del 97 % de los habitantes del barrio. Ellos nos contaron sus inquietudes y sus preocupaciones y en esa dirección se coordinaron las acciones. Las cintas verdes en las puertas de las casas fue una clara demostración de apoyo a los reclamos llevados a cabo ante las actuales autoridades municipales. Ellos desoyeron nuestros pedidos. Nosotros redoblamos el esfuerzo. Ellos usaron la Municipalidad de Quilmes para proteger intereses particulares. Nosotros fuimos a la justicia y a la gobernación.
Hoy sabemos que – lamentablemente – algunos permisos de obra fueron autorizados en esta zona, pero gracias al protagonismo alcanzado por el accionar vecinal conseguimos la promesa (firmada) del intendente electo Francisco Gutiérrez de revisar los permisos de obra otorgados por la gestión Villordo en los últimos dos años. Esta misma información fue negada en decenas de oportunidades ante nuestro requerimiento, entre otros por el Dr. Diego Iglesias, responsable del área de Obras Particulares y concejal electo.
Vamos a solicitar a la futura gestión que se revise detenidamente cada expediente y se actúe con el máximo rigor ante las ilegalidades detectadas.
Queremos agradecer a todos, pero especialmente a los que no creyeron en nosotros, a los que quisieron desarticular la asamblea y a aquellos que en un primer momento colaboraron desinteresadamente hasta que cedieron a las presiones políticas, abandonando así el camino de la solidaridad para refugiarse en los beneficios de los "subsidios" estatales… Todos ellos nos dieron la fuerza para seguir adelante.
Decimos que éste es un primer gran paso porque ya estamos trabajando para ampliar la zona protegida y porque queremos que las autoridades entiendan que debemos ser los propios vecinos los que conocemos y debemos decidir en qué ciudad queremos vivir y que deben dejar de escuchar a aquellos que – disfrazados de "buenos ciudadanos" – sólo hacen sus negocios, en detrimento de la calidad de vida de todos.
Creemos que la concreción de un plan urbano ambiental es impostergable. Participación y compromiso: dos cosas que los bernalenses estamos aprendiendo.
Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Asamblea Bernal Unido
sábado 3 de noviembre de 2007
ARTICULO II
Diario PAGINA 12
Casa demolida, vendo por amigos
La Iglesia demolió de noche y sin permiso una casona protegida por histórica en Flores. El presidente de la Legislatura logró que la propiedad sea descatalogada este jueves. El mismo cardenal Bergoglio llamó a varios legisladores para presionarlos a votar.
Por Sergio Kiernan
La Iglesia demolió de noche y sin permiso una casona protegida por histórica en Flores. El presidente de la Legislatura logró que la propiedad sea descatalogada este jueves. El mismo cardenal Bergoglio llamó a varios legisladores para presionarlos a votar.
Por Sergio Kiernan
Este jueves, en una sesión de fin de tarde en la Legislatura porteña, Santiago de Estrada le arregló un negocio inmobiliario a la Iglesia. No fue un negociado, apenas un negocio; no fue un acto de corrupción, sólo sancionar la impunidad para un delito civil. Fue una demostración de poder del macrista que preside la Legislatura y será a partir de diciembre nada menos que el auditor del nuevo gobierno porteño, veedor de la misma legalidad de sus actos. De Estrada, ex funcionario de dos dictaduras militares y veterano de pasillos vaticanos, lo hizo como un acto más de militancia para su referente más antiguo, el cardenal Jorge Bergoglio. Resultó hasta curioso: por un terreno común y corriente de la calle Membrillar, en Flores, el jefe de la Iglesia Católica se dedicó en persona a llamar a diputados porteños y pedirle su voto. Así zafaba a la parroquia de Flores de un juicio por demolición clandestina que difícilmente podrían ganar.
La historia comenzó en septiembre de 2003, cuando un buen domingo los vecinos de la primera cuadra de Membrillar se despertaron y vieron que la vieja casa de los Piana había sido demolida a medias, de noche y sin permiso. La casona, criollona y con decoraciones italianizantes, tenía más de un siglo y tenía su fama porque era de las más viejas del barrio y porque alojaba el café La Subasta. El legendario bar compartía la casa, pasillo por medio, con una santería y librería religiosa, algo entendible porque todo el conjunto había sido legado a la parroquia de Flores por la muy creyente familia propietaria.
Los vecinos reaccionaron rápido y lograron frenar la demolición antes de que pudiera completarse. Llamaron hasta a la Defensoría del Pueblo porteña y consiguieron una acción rápida, porque la casa estaba catalogada como edificio histórico. Ya en agosto de 2000, la casa Piana pasaba a formar parte del Area de Protección Histórica 15, con otros treinta edificios del barrio. La casona quedó casi sin techos y con el remate de su frente mochado a martillazos, precintada y con sus ventanales tapiados, enredada en un juicio.
El problema para la parroquia de Flores es que ese juicio era imposible de ganar. La legislación porteña de protección del patrimonio edificado es confusa y débil, en parte gracias a la desidia de los sucesivos gobiernos, que temen ofender intereses económicos. Pero hasta un conjunto de leyes tan tímido definía la cuestión en un punto: la sanción por demoler un bien protegido es una drástica limitación de lo que se puede construir a nuevo. Obviamente, el negocio es demoler para que se construya algo mayor a lo destruido, por lo que la defensa de la basílica en la avenida Rivadavia intentó cuerpear afirmando que nunca habían recibido, ni allí ni en la sede central eclesiástica en Plaza de Mayo, una notificación formal de la catalogación. Y que ésta, de todos modos, no era definitiva porque no se había votado específicamente en la Legislatura. Argumentos débiles, ya que la APH de Flores existía y había sido votada y publicada en el Boletín Oficial. La Curia decidió buscar otra solución.
El gestor
Aquí entra en escena Santiago de Estrada, legislador porteño por el macrismo, cuyo poder ascendía a medida que se apagaba el de Aníbal Ibarra. De Estrada entendió que la presentación que se había realizado para que se autorizara terminar la demolición porque el bien protegido ya estaba a medio destruir era jurídicamente insostenible. Eso era permitir que se termine un ilícito porque ya se lo había empezado. El macrista pensó en otro ángulo, que le permitiría de paso hacer una demostración de poder: pasaría una ley para descatalogar el edificio. Era lo más simple, ya que el proyecto tendría apenas unas líneas derogando el párrafo de la APH de Flores que tocara a la casa Piana. Por supuesto que seguía siendo convalidar un ilícito –la demolición nocturna, a escondidas, sin cartel y sin permiso– pero ¿para qué se tienen amigos poderosos? Hasta logró un aliado en el Frente para la Victoria, Miguel "Pancho" Talento, cuya señora madre es muy creyente y parroquiana de Flores.
Para fines de 2005, el proyecto de De Estrada y Talento comenzaba la ronda que requiere toda ley en la Legislatura. Hubo reuniones en las comisiones implicadas y hubo dos audiencias públicas, en las que se puede anotar cualquiera que pueda opinar y resultaron inolvidables por la agresividad de los partidarios de De Estrada y de la demolición (ver aparte). En medio de todo esto, cayó Ibarra, arrastrado por la tragedia de Cromañón de fines de 2004. Para mediados de 2006, el balance de poder en la Legislatura había cambiado completamente y De Estrada se encontró de presidente.
Aún así, tomó su tiempo. En parte fue por la inexperiencia del legislador, que cometió chambonadas como convocar audiencias sin saber que necesitaba otros legisladores presentes y terminar fatigando el celular para reunir quórum mínimo a último momento, sin lograrlo. Finalmente, el 21 de diciembre, De Estrada pudo mostrar su poder y logró los 31 votos necesarios para aprobar la ley que le liberara a la Iglesia su pequeña inversión. Puso todo en el asador y hasta Norberto La Porta votó a favor.
Lo que nadie esperaba era que el problema viniera por el lado del Ejecutivo porteño. Como se sabe, toda ley es votada por el Legislativo pero es promulgada y, de ser necesario, reglamentada por el Ejecutivo. El jueves 25 de enero de este año, el Boletín Oficial de la ciudad publicaba el decreto 138 en el que el jefe de Gobierno Jorge Telerman vetaba la ley de De Estrada y Talento. Fue un golpe inesperado.
Segundo acto
Otro político tal vez hubiera desistido o esperado que terminara la campaña política en que su jefe, Mauricio Macri, se jugaba tanto. Pero De Estrada no sólo responde a otros mandos sino que es una persona de gran orgullo. Conocido como "el cardenal", el legislador y ex funcionario de Onganía y Videla tiene llamativos aires señoriales, tal vez adquiridos de sus tiempos de embajador en el Vaticano de Raúl Alfonsín, o tal vez simplemente porque le gustan esos aires. A su hábito de saludar con una suerte de amague de reverencia con la cabeza, se le suma una cortesía muy formal y bastante altanera, muy eficiente a la hora de poner distancia: es rarísimo encontrar alguien que hable de De Estrada con algo que no sea inquietud. Tras estos años en la política se le conoce por una actitud muy vaticana, la de rehuir confrontaciones abiertas y hasta darle la razón al rival, cuando ni piensa hacer lo que se le pide.
El asunto es que De Estrada volvió a la carga y presentó nuevamente su proyecto, esta vez con el handicap de tener que levantar un veto. Uno de los temas que rechazó fue una propuesta que le llegó desde la Comisión de Patrimonio de su propia Legislatura para conservar la fachada de la casa Piana y dejar que se demuela el interior. Todo lo que tenía que aceptar el futuro constructor era adaptar un poco su diseño, preservando aunque sea la memoria del caserón, sin perder ni un metro cuadrado del negocio. De Estrada ni siquiera consideró la posibilidad de ese arreglo amistoso.
Como las cosas ya habían salido mal una vez, el socio en el negocio también se involucró. El cardenal Jorge Bergoglio, jefe de la Iglesia argentina, levantó el teléfono y llamó a por lo menos diez legisladores, para garantizar su voto. El mensaje, muy cortés, era de lo más claro y fue resumido por uno de los que recibieron el llamado: "Yo no me voy a inmolar por este tema". El autor de la frase sabía perfectamente que lo que estaba votando no era para estar orgulloso.
Este jueves, a la noche, 31 legisladores, del PRO y ajenos pero poco dispuestos a "inmolarse", levantaron la mano y le votaron al inminente auditor porteño su ley. La parroquia de Flores logró, con ayuda de su máxima autoridad y de su mayor contacto en la Legislatura, liberar un terreno que ahora podrá venderse para hacer un edificio más de los miles que hay en la ciudad. Además de exagerada –semejante poder de fuego para despejar un terreno común– la saga de Membrillar abre un interrogante constitucional: la Cámara porteña, en un caso por otra demolición frenada, falló claramente que todo edificio en proceso de catalogación debe quedar inhibido hasta que la Legislatura haga su trabajo. La maniobra de la inmobiliaria De Estrada-Bergoglio impide que los legisladores decidan si es o no un bien patrimonial, que viene a ser justamente su tarea.
De Onganía a Macri
Santiago de Estrada comenzó su carrera política hace exactamente cuarenta años, cuando en 1967 fue nombrado subsecretario de Seguridad Social por el dictador Onganía. Duró en el cargo hasta 1970, cuando fue reemplazado por el siguiente dictador. Evidentemente más a gusto con los sectores más católicos que con los liberales, De Estrada volvió al mismo cargo con Videla y dio un ejemplo de continuidad durando de subsecretario la dictadura entera. Para entonces regularmente definido como "militante católico", el ex funcionario de dos dictaduras se recicló en democracia como embajador de Raúl Alfonsín ante el Vaticano. Volvió a Seguridad Social con el primerísimo menemismo, en 1989, y hasta 1991 sirvió al riojano en el PAMI. En 1998, ya definitivamente peronista, volvió al gobierno de la mano de Palito Ortega, que era secretario de Desarrollo Social y lo llevó de segundo. Fue entonces que tuvo una memorable interna con algunos obispos, por temas de fondos. En 2000, hace apenas siete años, se presentó para que alguien lo votara a algo. Lo hizo como legislador porteño en la boleta Cavallo-Beliz. En 2003 fue reelecto a su banca, esta vez bajo la bandera de Mauricio Macri y para fines de ese año era vicepresidente primero de la Legislatura. Lo reciente de su llegada al macrismo, apenas cuatro años, explica que la lealtad y obediencia de De Estrada sea para otros mandos, más naturales.
Iras de los parroquianos
En el caso de Membrillar, las dos audiencias públicas que manda el procedimiento cuando se trata una ley patrimonial fueron de gran violencia verbal. Legalmente, la demolición resulta insostenible, como todo lo que se hace de noche, anónimamente y sin sombra de haber obtenido la licencia obligatoria. Los parroquianos de la iglesia de Flores se anotaron en las audiencias con gran entusiasmo y llevaron hinchada propia, que tuvo que ser acallada por los legisladores presentes cada vez que hablaron los patrimonialistas y los funcionarios del área. Durante la audiencia, en la que los anotados para hablar lo hacen ante un micrófono y con el único límite de ser razonablemente breves, los parroquianos desvalorizaron el carácter patrimonial de la casa Piana, remarcaron una y otra vez que no se había notificado a la Curia Metropolitana, y destacaron con muchos elementos la buena tarea social de su parroquia, que atiende todo tipo de pobrezas y enfermedades. Lo mejor vino después, en la informalidad del pasillo, donde la cosa terminó muy exaltada y a los gritos. Los patrimonialistas fueron definidos como "enemigos de la Iglesia" y no faltó quien empezara a rechinar con la palabra "zurdos".
ARTICULO
SUPLEMENTO M2 de Página 12
La inmobiliaria Estrada y Bergoglio SA
Por Sergio Kiernan
Por Sergio Kiernan
Santiago de Estrada, legislador porteño y operador inmobiliario del arzobispo Jorge Bergoglio, logró ayer que se vote nuevamente la demolición de la casa histórica de la calle Membrillar, en Flores. La casona, legada a la parroquia de Flores, fue demolida ilegalmente, un sábado a la noche y por empresa desconocida, sin licencia. Al levantarse el domingo, los vecinos frenaron la demolición. De la casona quedó el frente, algunos muros internos, los pavimentos y alguno que otro sector de los viejos techos. El asunto pasó a juicio y la parroquia se encontró con un problema: la ley es clarísima y castiga las demoliciones de edificios protegidos reduciendo lo que se puede construir en su lugar. Te cargás una casona, podés construir un chalecito.
Como el negocio estaba en vender el terreno despejado y para hacer un edificio de varios pisos, la curia movilizó a De Estrada, funcionario de la dictadura que todavía vacila entre su vocación de monaguillo y su realidad de político. Los argumentos de la parroquia de Flores eran débiles (que nadie les había comunicado la catalogación, que no era firme) y en todo caso para contárselos al juez, al que todavía había que explicarle la malísima fe de demoler a escondidas y sin permiso, tarea que ni un jesuita. De Estrada entendió que la solución era pasar una ley descatalogando la casona.
Si el legislador pensara como un legislador y no como un militante católico, hubiera vacilado. Pasar semejante ley significa no sólo premiar un ilícito por portación de amigo influyente sino además desfondar todo el tenue sistema de protección de edificios patrimoniales e históricos. Si la Iglesia puede hacerlo con su influyente propio, ¿por qué no otros? Pero De Estrada presentó un pastiche legal que co-firmó el kirchnerista Pancho Talento, sorpresa explicada cuando se conoció que su señora madre es fiel de la parroquia de Flores y tiene, más que amigo influyente, hijo influyente. Hubo dos audiencias públicas memorables por la tensión y la agresividad, donde los estradistas definieron a los preservacionistas como enemigos de la Iglesia. Finalmente pasó al recinto y se votó.
La ley era tan peligrosa, que el jefe de Gobierno Jorge Telerman la vetó de un plumazo. Fue un buen momento de su gestión, nada rica en defensas del patrimonio, y un momento de coraje.
Pero De Estrada tiene un cliente exigente en su arzobispo, por lo que volvió a las andadas. Volvió a meter el bodrio en el temario legislativo y, si bien le costó hacerlo votar porque necesita 31 votos para revertir un veto del jefe de Gobierno, lo logró este jueves a última hora. Tuvo el voto de sus PRO y del Frente para la Victoria, y de varios diputados sueltos supuestamente progresistas. ¿Qué pasó?
Lo que pasó fue que, como dijo un diputado que levantó la mano por De Estrada, "no me voy a inmolar por eso". La frase es estridente porque muestra dos cosas: el poco peso político que todavía tiene el patrimonio, que se puede sacrificar sin pagar demasiados costos, y el nivel de presión. Es que Jorge Bergoglio en persona estuvo llamando a legisladores para garantizar su voto. No fue sólo De Estrada, que operó, disciplinó y negoció como si estuviera reformando una constitución. Fue el arzobispo porteño en persona. Y eso que le gusta mostrarse como alguien que no opera en política menuda.
Le quedó a la Coalición Cívica y a diputados sueltos como Bidonde y Hourest mantener el honor en esa noche de estradismo paladar negro. Un momento notable fue el silencio y las miradas de bronca con que fue recibido el discurso de la presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Teresa de Anchorena. La diputada dijo cosas como que "algunos descalifican el despacho de minoría (opuesto a la demolición) diciendo que pretendemos catalogar una pared. Pero nos queda una pared porque atrás había un edificio que fue demolido ilegalmente". A esta ilegalidad manifiesta no se le prestó atención y Anchorena recordó que la misma Iglesia le había enseñado que era un valor reconocer las faltas con humildad, y un deber repararlas. "Le pido a la Iglesia que practique lo que nos ha enseñado", dijo Anchorena.
Quedó en minoría, lo que indica que De Estrada debe andar comulgando por otros altares, donde enseñan otros catecismos. Curiosamente, nadie le señaló un aspecto de su ley: al premiar al demoledor clandestino y al argumentar que está bien porque la catalogación no se había votado en la Legislatura, se le impide a esa misma Legislatura legislar, que viene a ser la razón de su existencia. El edificio va a desaparecer y el tema de su catalogación pasaría a ser nulo, sin que la Legislatura pueda resolverlo.
¿Será mucho pedir que Telerman repita su veto? De Estrada no tendría tiempo de volver a montar su operación inmobiliaria, ni siquiera con mails, cartas y apretones de manos de Bergoglio a sus colegas: se va en diciembre.
Mientras tanto
La semana que viene está programado que empiece a tratarse el paquete de leyes que puede, al fin, proteger el patrimonio edificado de la ciudad, en reunión de asesores de la Comisión de Planeamiento. Como se recordará, el paquete unifica varias propuestas que culminan declarando una emergencia patrimonial que congela demoliciones y refacciones por seis meses, le da cuatro meses al Ejecutivo para que catalogue o libere los edificios comprendidos, y abarca un universo interesante de piezas: las casi 7000 compiladas en la lista de edificios notables, los pocos sobrevivientes de los premios municipales y las muchas –aun no contadas– comprendidas en la zona de la costa que Telerman presentó como Paisaje de la Humanidad ante la Unesco. Si el trámite es normal y no surgen problemas de último momento, antes de fin de mes tendremos el paquete saliendo de Planeamiento, listo a ser votado por la Legislatura en pleno, lo que hasta podría ocurrir antes del cambio de gobierno. Ahí habrá que ver qué hacen figuras de peso como De Estrada –esperemos que no caiga ninguna propiedad que la Iglesia quiera demoler en la volada– y el futuro ministro de Planeamiento Daniel Chain, nada amigo de la preservación. No será fácil, pero ahora los vecinos están movilizados detrás de este proyecto.
Mientras, la inefable Nani Arias Incollá, subsecretaria de Patrimonio Cultural del gobierno saliente, sigue sorprendida porque después de años de calma en la que pudo hacer como que la destrucción del patrimonio no era con ella, se encuentra flanqueada por la Legislatura. Esta semana, el fiscal hizo lugar al amparo presentado hace días por la legisladora Anchorena para que se mueva un poco y cree la Unidad Técnica que, justamente, tendrá que catalogar o liberar los edificios comprendidos por el paquete legal. La ministra Silvia Fajre y su subsecretaria habían dejado ese tema en el cómodo veremos en el que pasaron toda su gestión, afirmando que la UT existe porque "reúne información". Sólo que la ley 1227 –la de Patrimonio, que estuvo cajoneada tantos años que enfrentaron otro amparo– manda que la Unidad sea ejecutiva y no documental. Ahora tienen diez días para justificar su pereza tan conveniente ante un juez.
PUERTO VERDE
Se acerca la hora de la batalla final !!!
vayan mentalizandose que es ahora o nunca
lo unico que pretendemos es que se cumpla con los decretos
originales del poder ejecutivo que dice: "que las playas de cargas
no podran ser ubicadas en zonas urbanas" , nosotros solo pedimos
que los ex Talleres Alianza sea un espacio verde para la comunidad.
Necesitamos su apoyo en este momento crucial, los esperamos en la
Institucion D.F.Sarmiento todos los miercoles a las 20,30 Hs
POR FAVOR DIFUNDALO A SUS VECINOS Y AMIGOS DE LA ZONA
COMISION VECINAL PUERTO VERDE
vayan mentalizandose que es ahora o nunca
lo unico que pretendemos es que se cumpla con los decretos
originales del poder ejecutivo que dice: "que las playas de cargas
no podran ser ubicadas en zonas urbanas" , nosotros solo pedimos
que los ex Talleres Alianza sea un espacio verde para la comunidad.
Necesitamos su apoyo en este momento crucial, los esperamos en la
Institucion D.F.Sarmiento todos los miercoles a las 20,30 Hs
POR FAVOR DIFUNDALO A SUS VECINOS Y AMIGOS DE LA ZONA
COMISION VECINAL PUERTO VERDE
sábado 27 de octubre de 2007
DIOXINAS
REUTER
Contaminación por dioxinas produce nacimiento de más bebés niñas
Por Jonathan Spicer
TORONTO (Reuters) - En algunas comunidades de Canadá están naciendo más niñas que niños, ya que la presencia en el aire de contaminantes llamados dioxinas puede alterar las proporciones normales de género, aún si la fuente de polución se halla a muchos kilómetros, informaron investigadores.
La exposición a las dioxinas ha demostrado conducir tanto a mayores tasas de cáncer como al nacimiento de más bebés de sexo femenino.
Expertos del Centro IntrAmericas para el Medio Ambiente y la Salud dijeron que sus resultados, publicados este mes, confirman el fenómeno en Canadá.
El estudio también reveló riesgos para la salud incluso para quienes viven a 25 kilómetros de las fuentes de contaminación, una distancia mayor a la que se creía, expresaron los investigadores.
Normalmente, el 51 por ciento de los nacimientos son de niños y el 49 por ciento de niñas. Pero en las ciudades canadienses y en los pueblos en los que los padres están expuestos a contaminantes, la proporción se revirtió, ya que nacen 46 varones por cada 54 bebés mujeres.
Las fuentes de polución son las refinerías de petróleo, las pasteras y las fundidoras de metal, según indicó el estudio.
"Si se encuentra la tasa de género invertida, y se quiere saber qué lo provoca, hay que observar las fuentes de dioxina," dijo James Argo, geógrafo médico que encabezó la investigación, publicada en una revista de la Sociedad Estadounidense de Química.
"En cada una de las ciudades en las que se encuentran esas industrias (...) había una mayor probabilidad de nacimientos femeninos que masculinos," agregó Argo durante una entrevista telefónica.
A partir de los datos de nacimientos y un inventario de las fuentes de contaminación en Canadá, el estudio concluyó que la exposición temprana a las dioxinas, aún a 25 kilómetros de su origen, aumentó el riesgo de sufrir cáncer más adelante en un grupo de 20.000 personas encuestadas en la década de 1990.
Estudios previos relacionaron las dioxinas con el cáncer y con el desequilibrio de género, pero centrándose en distancias menores, generalmente 5 kilómetros alrededor de la fuente de polución, explicó Argo.
Las dioxinas son químicos tóxicos que se hallan en cantidades muy pequeñas en el aire, el agua, el suelo y algunos alimentos.
La quema a gran escala de desechos municipales o sanitarios es la principal fuente de dioxinas en Canadá, pero también se generan por la incineración de combustible y madera, la generación de energía y la producción de hierro y acero.
Dado que se registraron más nacimientos femeninos en las 90 comunidades estudiadas, también se observaron más casos de cáncer de pecho, útero y ovario que otros tipos de tumores, concluyó Argo.
martes 16 de octubre de 2007
OPINAN LOS VECINOS
Los SI y los NO de los vecinos
La ciudad es un bien social creado cotidianamente con los aportes de todos y como tal debe servir a todos facilitando las relaciones interpersonales.El énfasis en uno solo de los factores en juego desestabiliza el desarrollo de las funciones urbanas conjuntas.La ciudad metropolitana está en construcción permanente, dependiendo de diferentes autoridades que no han acordado sus acciones. El organismo metropolitano real, la ciudad metropolitana real, actúa complementariamente a pesar de la desconexión de las gestiones municipales involucradas. Los resultados muestran una ciudad disfuncional por una perversa idea unilateral de concentrar los negocios en un solo sector en detrimento directo del conjunto de los habitantes. La sostenida ignorancia de los funcionarios a cargo de las decisiones es funcional al poder constituido. El derecho a la ciudad ha sido monopolizado por un único grupo que destruye todas las oportunidades de una redistribución equitativa de roles y lugares.Cuenta para eso con mecanismos sostenidos por una legislación manipulada para que nada cambie.Exigimos el Planeamiento coordinado de la CIUDAD METROPOLITANA.El organismo principal del contraplaneamiento de la ciudad metropolitana está representado por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, el COPUA, creado por ley Nº 71 / 97. Desde su conformación ha saboteado en todas las formas posibles el mandato constitucional de elaborar el Sistema de Planeamiento Urbano Ambiental Participativo normado en la Constitución de la Ciudad Autónoma.La presentación del primer documento, constituido por un plan de proyectos de obras de arquitectura, fue impedido de ser tratado en la Legislatura por un recurso judicial de inconstitucionalidad, por haberse demostrado la manipulación de la participación.El segundo intento está presentado ahora a consideración de los legisladores y se trata de un folleto cuya única razón de ser es remitir a la aplicación del Código de las Componendas. Han pasado once años y eso es lo que ha conseguido el COPUA para los ciudadanos. Paralelamente se ha convertido en el organismo rector de la discrecionalidad al haber heredado las funciones del disuelto Consejo de Planeamiento Urbano, CPU.
Solicitamos la disolución y la investigacion del COPUA.A continuación presentamos un listado de lo que no debe hacerse.
NO a las construcciones de viviendas unifamiliares y colectivas sin estudio de impacto ambiental hoy categorizadas SIN RELEVANTE EFECTO.
NO a las obras sobre áreas consolidadas.
NO a la destrucción de las identidades barriales.
NO al aumento de densidades de ocupación.
NO a la usurpación de nuestros espacios, de nuestro sol, de nuestros lugares.
NO a las construcciones que no se corresponden con las reales necesidades de la gente.
NO al hacinamiento y al sobre congestionamiento de funciones.
NO a la conversión de tierras públicas para usos privados especulativos
NO al saqueo urbano apoyado por legislaciones tramposas.
NO a la exclusión por falta de políticas de empleo, de distribución de población, de educación y de salud.
NO a los manejos del contraplaneamiento del COPUA y de las Corporaciones de la Industria de Especulación Inmobiliaria.A continuación un listado de propuestas.
SI a la modificacion del cuadro de usos 5.2.1 del codigo de planeamiento urbano para viviendas unifamiliares y colectivas sean categorizadas según ley 123 de CON RELEVANTE EFECTO en todos los distritos hoy categorizadas como SIN RELEVANTE EFECTO.
SI a la eliminacion en todos los distritos donde dice Tipologia Edilicia se permitiran eficios de perimetro semilibre y libre (es decir TORRES) quedando solo edificios entre medianeras con altura limitada según consolidacion existente equivalente al 75 % ya sea FOS,FOT,ALTURA,
SI a la plena vigencia de las comunas con mecanismos transparentes de participación vecinal.
SI a la reinversión de las plusvalías generadas por inversiones públicas en obras para la ciudadanía.
SI a la implementación del presupuesto participativo.
SI a la implementación de la banca del vecino.
SI a la reestructuración coherente dentro del PUA del transporte público, ferroviario y automotriz
SI al uso de las tierras del dominio del Estado Nacional para espacios verdes públicos no concesionados.
SI a una ciudad con lugares, con espacios de dimensiones suficientes para el desarrollo de la vida ciudadana en plenitud.
SI a la descentralización de las funciones sobre congestionadas en la ciudad central.Exigimos la vigencia del Sistema de Planeamiento Urbano Ambiental Participativo, normado desde hace once años en la Constitución de la Ciudad.
Arq. DPUR Marta Dodero
EL NEGOCIO DE LA RURAL
Así quedará el Predio Ferial de PalermoDiario PERFIL
Telerman envio un proyecto de ley
Polémica: la Rural de Palermo busca edificar
Polémica: la Rural de Palermo busca edificar
Poco antes de la renovación de sus bancas, la Legislatura porteña acaba de recibir una iniciativa del gobierno local para rezonificar los terrenos que ocupa el predio ferial palermitano. De aprobarse, abrirá las puertas para que en ese espacio tradicional de la Ciudad se construya un imponente edificio de convenciones. Las asociaciones vecinales están en alerta por la nueva embestida inmobiliaria en la Rural, después de que varios intentos anteriores lograron ser frenados. La empresa a cargo del centro de exposiciones, perteneciente al empresario-candidato Francisco De Narváez, explica qué hará.
Por Carlos Romero
La historia es conocida: sobre el final de una gestión, cuando la estructura política vive una "plancha" masiva, algunos polémicos proyectos entran en escena, amortizados en el ocaso de la administración saliente. Algo de eso se dijo cuando Jorge Telerman decidió, por decreto, una suba del impuesto inmobiliario en la Ciudad, que luego tuvo que poner en stand by. Y algo de eso se está diciendo con fuerza de otro sensible plan impulsado por el jefe de Gobierno. En este caso, uno que le vendría como anillo al dedo a una empresa propiedad de Francisco de Narváez, el diputado nacional, candidato a gobernador bonaerense y novísimo aliado de Mauricio Macri.
Se trata de un proyecto de ley que el 2 de agosto pasado llegó a la soñolienta Legislatura porteña. Su fin es modificar el Código de Planeamiento Urbano, pero sólo en lo que respecta al Predio Ferial de Palermo, para cambiar su zonificación y así habilitarlo a nuevos usos regularizando una situación que hace años acumula zozobra. Para La Rural SA, firma que tiene la concesión para explotar el centro de exposiciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y cuyo dueño es el grupo que encabeza De Narváez, eso facilitaría la concreción de una serie de ambiciosas obras. En especial, la construcción de un centro de eventos cubierto, con capacidad para 8.000 personas y 1.100 vehículos. También habría nuevos usos para los edificios existentes: disco, fiestas privadas, bar y salón de baile, entre otros. A cambio, la gerenciadora promete poner en valor ciertos edificios, reabrir la calle Darregueyra y eliminar la polución publicitaria sobre Plaza Italia. Reacciones. La propuesta ya fue defendida en la Legislatura por la empresa y la Dirección de Interpretación Urbanística, dependiente del Ministerio de Planificación y Obras Públicas, y causó el repudio de un grupo de entidades vecinales y ambientalistas, que anticiparon a PERFIL que este lunes 15 irán a la Justicia para presentar un recurso de amparo.
Hace dos semanas, ante la Comisión de Planeamiento del Parlamento (donde se trata el proyecto), estas ONG presentaron sus críticas. Hicieron referencia a la falta de un estudio de impacto ambiental incluido en el expediente, así como de un informe de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, ya que varios edificios del predio tienen ese estatus. PERFIL intentó trasladar el debate a Planeamiento y Obras Públicas, bajo el mando del ministro Juan Pablo Schiavi, pero no obtuvo respuestas. Las polémicas sobre el predio vienen de larga data, acumulan varias causas y una clausura en 2005. "En 1991, el Estado vendió el terreno a la SRA a un precio irrisorio. Se habló de una venta condicionada a que sólo se usase a los fines estatutarios de la sociedad civil, congresos y exposiciones, no los espectáculos con fines de lucro que hacen hoy", sostiene el abogado Pedro Kesselman, titular de la Asociación Vecinos de Plaza Italia. El arquitecto Osvaldo Guerrica, de Amigos del Lago de Palermo, agrega que "el estadio cubierto sería el más grande de la Ciudad, en una zona muy conflictiva en contaminación auditiva, del aire y congestionamiento". Para Guerrica, "esto ya es así y con los nuevos usos autorizados, la zona estallará". Desde La Rural SA responden que buscan "ordenar urbanísticamente el predio" y que cuentan con todos los avales para llevar adelante las obras, incluso si el proyecto de ley no prospera (ver recuadro). Vacas "dance". Tras adquirir el lugar (con un decreto de Carlos Menem y por sólo 30 millones de pesos), la SRA creó la gerenciadora La Rural SA, que vendería la mitad de sus acciones a Ogden Argentina SA. Ya con Luciano Miguens al frente de la SRA, De Narváez entra en escena primero comprando la parte de Ogden y en abril de 2005, la de la entidad rural, con una concesión hasta 2025. Para el Código de Planeamiento Urbano porteño, las 11 hectáreas del predio están en un área de Urbanización Parque (UP); es decir, "destinada a espacios verdes y parquización de uso público". En el pasado, esto y el rechazo de los vecinos han trabado muchas de las obras que se pretendían: en 1997, un intento fallido por construir cines y un shopping terminó en un enorme pozo que aún permanece, y en 2001 otros planes similares fueron rechazados por la Comuna.
Vale marcar que el lugar, que hace años organiza ferias multitudinarias, recién obtuvo su habilitación en marzo pasado, según pudo conocer PERFIL. Antes, usaba una habilitación en trámite. Hoy, fuera de las exposiciones, las otras actividades se hacen vía permisos especiales de la Dirección de Habilitaciones y Permisos, en la órbita del ministro de Gobierno Diego Gorgal. En esa cartera informaron que el predio "está habilitado como centro de exposiciones y eventos, con el restaurante como uso complementario". Otros usos (casamientos, cumpleaños, fiestas empresariales, etc.) requieren autorizaciones ad hoc. Para Osvaldo Sidoli, abogado de Red Verde Ciudadana, que también acompañará la demanda en la Justicia porteña, "la cotidianeidad en el otorgamiento de permisos especiales contradice la esencia misma de ese recurso". Zona. "En la Rural deberían existir espacios verdes destinados a la recreación de la población", sostiene el titular de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Matías Viale, y agrega: "Resulta más que claro que las actividades que se hacen no son de exclusiva utilidad pública, y menos que los pabellones construidos o este estadio sean complementarios del espacio verde". De aprobarse la iniciativa, la zonificación pasaría a ser E4 (Equipamiento Especial) y el predio se habilitaría como "centro nacional e internacional de exposiciones y eventos", con usos tan diversos como exposición masiva, convenciones, espectáculos públicos y galería de arte. Mientras las ONG se preparan a dar batalla, la firma de De Narváez pronto tendrá competencia: hace un mes, Néstor Kirchner cedió en comodato a la Unión Industrial Argentina un predio de tres hectáreas en Barracas, donde esa entidad planea construir su propio centro de exposiciones.
LA EMPRESA DEFIENDE LA INICIATIVA
LA EMPRESA DEFIENDE LA INICIATIVA
"Hicimos encuestas y los vecinos quieren hacer las obras, con el compromiso de no levantar ni cines ni shoppings", se ataja Rafael Rodríguez Roda, director de Relaciones Institucionales de La Rural S.A., quien además destaca que existen ONG que sí están de acuerdo con su propuesta. La empresa del grupo De Narváez asegura que presentará los estudios de impacto ambiental correspondientes, y sostiene las bondades económicas y de seguridad que el proyecto traería al barrio. Para Roda, la propuesta del Ejecutivo busca "ordenar urbanísticamente el predio, reconociendo la zonificación que mejor se ajusta al destino que históricamente se le asignó". Aclara que ya hoy están en regla y que las obras completarían la oferta del predio: "La Ciudad no posee un centro de eventos para competir a nivel mundial y albergar congresos internacionales". Agrega que los congresos y convenciones son una "industria limpia" y lucrativa para la Comuna. Sobre los recitales, algo que preocupa a los vecinos por los ruidos, repite que no es el uso que tienen en mente y tampoco cree que sea "rentable" para ese fin.
Las ONG que se oponen sostienen que podría ser una tentación en el futuro, por la capacidad y ubicación del estadio planeado. Sobre la rezonificación, Roda sostiene que el proyecto (que fue concursado y ganado por la Sociedad Central de Arquitectos) puede llevarse adelante aunque la ley no avance. "Con la zonificación actual podemos hacerlo. Por ejemplo, la Facultad de Abogacía es UP también. No dependemos ciento por ciento de eso para avanzar, pero igual queremos ser ordenados", concluye.
¿OTRA CIUDAD?
Buenos Aires "desfigurada"
Max Seitz BBC Mundo, Argentina
Las torres amenazan las casas coloniales que identifican a Buenos Aires. Buenos Aires, la ciudad con fachadas de arquitectura diversa, parece estar perdiendo sus señas particulares por el avance implacable de modernas e insípidas torres.
En la capital argentina hay miles de casas coloniales, o del siglo XIX y principios del XX con estilos que van desde el clásico italiano o francés hasta el inglés.
Pero muchas de estas construcciones, que representan uno de los mayores atractivos de la ciudad, corren el riesgo de desaparecer.
Cada mes se demuelen decenas de viviendas que testimonian el pasado arquitectónico de Buenos Aires para dar lugar a edificios de apartamentos de ocho plantas o más.
Esto se debe al auge de la construcción en Argentina, un sector que -según las autoridades- está creciendo a un ritmo anual del 16% gracias a la reactivación económica que ha experimentado el país en los últimos años.
Pero hay otra razón: la falta de regulaciones y mecanismos ágiles para evitar "sacrificios" edificios.
"Preocupación"
La arquitecta Graciela Toranzo Calderón, de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de Buenos Aires, explica a BBC Mundo que actualmente hay más de 1.400 edificios protegidos en la ciudad, sobre todo en el casco antiguo.
¿Pero qué ocurre con las numerosas casas particulares situadas en los barrios más densamente poblados de la capital argentina, como Palermo y Caballito, que están siendo reemplazadas por torres?
"La preocupación existe", dice Toranzo Calderón. "Pero no es tan sencillo encontrar una solución, porque se requiere una ley para proteger cada una de las viviendas. Y esto puede demorar hasta dos años".
"Los tiempos de tramitación de un expediente son diferentes al ritmo de la construcción, que avanza rápidamente. A veces no llegamos a evitar una demolición".
Toranzo Calderón admite que "posiblemente hubo falta de previsión" en la política de protección del patrimonio arquitectónico de los barrios porteños, pero lo justifica afirmado que la idea de preservación es "relativamente nueva".
"La preocupación existe", dice Toranzo Calderón. "Pero no es tan sencillo encontrar una solución, porque se requiere una ley para proteger cada una de las viviendas. Y esto puede demorar hasta dos años".
"Los tiempos de tramitación de un expediente son diferentes al ritmo de la construcción, que avanza rápidamente. A veces no llegamos a evitar una demolición".
Toranzo Calderón admite que "posiblemente hubo falta de previsión" en la política de protección del patrimonio arquitectónico de los barrios porteños, pero lo justifica afirmado que la idea de preservación es "relativamente nueva".
El lado positivo
Quienes trabajan en el sector de la construcción afirman que las torres contribuyen a modernizar la ciudad, además de dar empleo a miles de argentinos, y algunos vecinos coinciden con ellos.
"Me parece bien que la arquitectura se vaya renovando. Aquí había casas muy viejas, llenas de ratas y con peligro de derrumbe", comenta a BBC Mundo Carlos, un residente de Caballito, antes de entrar al edificio nuevo en el que vive.
Pero no todos piensan lo mismo en este barrio situado en el centro geográfico de Buenos Aires.
Gerardo Allegretti, dueño de un kiosco, opina: "Por supuesto que uno tiene que vivir el ritmo de la época, pero también hay que preservar aquello que es valioso por su arquitectura para dejarles algo a nuestros hijos y nietos".
Protestas
En los últimos tiempos Caballito ha sido escenario de varias protestas tanto por la construcción de edificios altos en terrenos que antes ocupaban bellas casas como por el deterioro de la calidad de vida.
Allí una organización llamada Proto Comuna Caballito lucha por preservar la identidad barrial ante el desenfreno del mercado inmobiliario.
El coordinador del grupo, Gustavo Desplats, vive en una casa de estilo Tudor que construyó su bisabuelo a principios del siglo XIX y que con el tiempo ha quedado atrapada entre dos torres de apartamentos, como tantas otras viviendas de la zona.
Desplats dice que todas las semanas recibe ofertas de compra tentadoras por su inmueble, aparentemente para reemplazarlo por un edificio de varias plantas.
Pero confiesa que las ha rechazado porque quiere que, al pasar, los vecinos vean una fachada "agradable a los ojos".
"Caballito es un típico barrio de clase media que todavía tiene casas de calidad con diversidad de estilos, y eso se está perdiendo", advierte.
"En los últimos tres años se han destruido 500 viviendas antiguas para levantar torres sin ninguna particularidad arquitectónica en el exterior, es decir, parecidas a las de cualquier otra ciudad del mundo".
Calidad de vida
Según Desplats, la construcción sin control de edificios altos no sólo tiende a "borrar" la identidad del barrio, sino que además deteriora la calidad de vida de los vecinos, porque las redes de agua potable y cloacas son sometidas a una demanda extra para las que no están preparadas.
Protestas por dificultades en los servicios públicos llevaron a que, a fines del año pasado, el gobierno de la capital argentina suspendiera por tres meses nuevos permisos de obras en Caballito y otros cinco barrios porteños.
Dicen que las callecitas de Buenos Aires "tienen ese no sé qué".
Pero los especialistas advierten que algunas de sus particularidades podrían perderse si la ciudad sigue creciendo descontroladamente hacia arriba y, sobre todo, pisando los escombros de valiosas casas antiguas
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